Para el Estado, 8.900 euros son un tesoro. Y por eso, la jefa del Servicio de Prestaciones y Programas de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana firmó un informe donde se le quitaba una pensión de 150 euros al mes a una anciana de 94 años, ciega, porque su hermana cobraba por viudedad esos 8.900 euros anuales y podía hacerse cargo de ella al vivir juntas. La noticia la contaba este periódico días atrás.

Lo que podía haber hecho la jefa de este servicio autonómico que rescata personas, desde donde alegaron una revisión del expediente, es comunicar los criterios estatales de prestaciones y ofrecer a la vez, en la misma carta, todas las posibilidades que le ofrecía la Generalitat para no desamparar a esta nonagenaria y a su hermana y dejarlas a merced de una ayuda, a todas luces, miserable. Pero no lo hizo. La culpa era del Estado. Punto.

Que el Gobierno ofrezca ayudas y criterios pobres e injustos no lo cuestiono pero, que la conselleria eche balones fuera y solo se ofrezca a ayudar, incluído el Ayuntamiento de Massamagrell, que es donde viven, cuando la sobrina de esta señora, Everilda, acude a este diario para denunciar la injusticia, me parece muy tarde y muy irresponsable además de una dejación de funciones.

Estos días, la estafa del caso de Nadia, la niña con la enfermedad rara, ha dañado gravemente la credibilidad del periodismo y se ha abierto un debate al demostrarse que muchos medios no verifican las historias que publican. Muchos, no. Pero en muchas otras redacciones se aprende a trabajar con garantías. Y por eso, para muchas personas, acudir a la prensa es el único modo de hacerse oír por la Administración y de hacer pública una injusticia. Como en este caso, y provocar el sonrojo de una institución que debería haber velado por el interés de dos ancianas y que no lo hizo y solo se presta a ello a toda prisa cuando se lo lee en la prensa. Para vergüenza pública. ¿Acaso no es ese el trabajo de la jefa del servicio que mandó la carta?

La semana pasada también se hacían públicos los argumentos que utilizaba el juzgado de Primera Instancia 8 de Alicante contra la resolución de la Conselleria de Bienestar Social de retirarle a una abuela la custodia de su nieta, de cinco años, y llevarla junto a una familia de acogida. El caso de Orihuela. La niña había perdido a su madre asesinada a golpes por su padre. La sentencia es demoledora contra la conselleria y censura todas las decisiones de la jefa del Servicio de Menor e Igualdad llegando a afirmar que no se veló por el interés de la menor. En mi opinión, lo más grave de lo que se puede acusar a un trabajador de este servicio. Es difícil imaginarse el dolor irreparable de esta niña, de su abuela, que ha tenido una fortaleza indestructible y de su hermano, que han resistido a pesar de los juzgados, a pesar del tiempo y a pesar de técnicos como ésta que por desgracia les ha tocado de conselleria. Y que debió protegerlas más que a nada y no lo hizo. Para hacérselo mirar mucho.

Escribo estas líneas mientras a la prensa se nos acusa de no ejercer más el periodismo en lugar de tanta causa social. Quizá, nos reprochan, habría menos estafa solidaria, menos campaña bienaventurada. La culpa siempre sobrevuela por encima de algún periodista. Ya lo escribí una vez, es peligroso repartir culpas cuando no se quiere asumir responsabilidades. Más fácil así. Dos ejemplos en este texto. Estas mujeres se quedaron un día sin mundo. Y tuvieron a alguien a su lado que las escuchó. Esta casa lo contó. Tan malos todos...