No ha empezado bien 2017. Coincidiendo con las desaforadas fiestas para recibir el nuevo año, dos mujeres perdían la vida víctimas de la violencia machista. Una de 40 años y otra de 25. Una de ellas convivía con la persona sobre la que se había dictado una orden de alejamiento tras una denuncia por malos tratos. Triste paradoja la de la vida y la muerte. Porque los asesinatos llegaron a la vez que los primeros nacidos del año.
Comenzam0s 2017 como acabamos los doce meses de 2016. Nada parece cambiar con la violencia machista. Victòria Bertran, de 57 años, se convirtió el pasado 19 de diciembre en la víctima número 44 de un año negro, en el que la cifra podría ser aún mayor si se confirman siete casos más que se están investigando.
Ni los pactos de Estado, ni el endurecimiento de las penas, ni las campañas de concienciación parecen ser suficientes para acabar con una lacra que se ha inoculado en el organismo social como el peor de los virus, el más resistente.
Y si queremos combatirlo más allá de las lógicas manifestaciones de repulsa, hay que actuar con firmeza. Las actitudes «proactivas» como se denominan ahora, deben centrarse en la educación. Y revisar a fondo lo que estamos haciendo en ese aspecto hasta ahora, puesto que el virus del machismo, según dicen las encuestas, sigue infectando, incluso con mayor virulencia, a las últimas generaciones. Y eso solo significa que en el proceso de socialización algo estamos haciendo mal. Muy mal. Y si no encontramos un antiviral más eficiente, deberá caer sobre nuestras conciencias el peso de cada fallecida.
Y en el aspecto «reactivo» hay que incidir no solo en condenas más duras o en procesos de rehabilitación de agresores más eficaces. La protección a las víctimas es indispensable y preferente. Y para garantizar esa seguridad son necesarios medios. Y si no son suficientes, hay que crearlos, y eso solo se puede hacer con presupuesto. Si todos estamos de acuerdo en que es prioritario, hay que demostrarlo negro sobre blanco, con el número de agentes preciso para garantizar la seguridad de las víctimas. Con las salidas laborales precisas para permitir su independencia económica. Con el apoyo social necesario para que sean conscientes de que no tienen por qué soportar ni un solo día más situaciones de maltrato o vejaciones. Sin miedo a qué va a ocurrir después de la denuncia. Estamos obligados a darles la confianza de que la sociedad entera está verdaderamente con ellas.
