Jueces y ministros se pusieron este lunes de acuerdo para criticar el ascenso de Mas a los altares. Él lo niega, pero lleva años esperando la canonización. Y la verdad es que pocos éxitos más de este porte le esperan al "procés": falta sólo que Puigdemont convoque el nuevo 9-N para que él también engorde la lista del martirologio catalán.
Los dos poderes criticaron el paseíllo, pero el grado de mosqueo que acumulan no tiene el mismo espesor. El Gobierno lo mira con una sonrisilla; los jueces, con abierto cabreo. Y no es para menos, pues son los segundos, y no el primero, los que están poniendo casi toda la carne, y además la parrilla.
En su descargo, el Ejecutivo siempre puede aducir que se ha limitado a dejar en manos de los togados el desafío a la legalidad vigente, tal como establece el principio de la separación de poderes.
Puede hacerlo, y lo ha hecho, pero olvidando la parte de responsabilidad que le corresponde: la parte política, que no es la que ejercen la Abogacía del Estado y el fiscal general. Los jueces, estoy convencido, verían con buenos ojos que el Gobierno dejara de recurrir a ellos como ariete.
Los soberanistas catalanes reclaman diálogo y el Gobierno lo ofrece, pero sólo si no violenta la Constitución. Y las cosas han ido demasiado lejos como para que Puigdemont acepte dar marcha atrás a cambio de nada. Es muy probable que un gesto no bastara, pero Rajoy ni siquiera lo ha intentado.
Un gesto que reconociera que las aspiraciones de los soberanistas, y de los millones de ilusionados catalanes que también las cobijan, pueden (podrían, podrán) ser tenidas en cuenta algún día. Los jueces ya han hablado en este sentido en alguna ocasión. Y no los de primera instancia, sino los del mismísimo Tribunal Constitucional (TC).
Así, en la sentencia por la que anularon, por unanimidad, la declaración de soberanía del Parlament de enero de 2013. En aquel fallo, hecho público el 25 de marzo de 2014, la corte de garantías niega al pueblo catalán la condición de "sujeto político y jurídico soberano", pero reconoce con la misma unanimidad que el "derecho a decidir", como aspiración política, no es inconstitucional.
No hay que hacer demasiada exégesis para darse cuenta de que el TC estaba invitando entonces al Gobierno a cultivar la parcela política, la que le es más propia. Y ya han pasado casi tres años.
Pero ésta no es la única señal de aviso que ha emitido el tribunal. El TC tampoco se siente cómodo con el poder sancionador que el Ejecutivo le ha otorgado, precisamente, para castigar a quienes desobedezcan sus sentencias. Sobre el papel, cualquier ciudadano; en la práctica, sólo los rectores del "procés".
La corte aceptó esa nueva función a regañadientes, y para ello hubo que elaborar deprisita una segunda ponencia, pues con la primera, que rechazaba asumir tal potestad, los magistrados fueron incapaces de alcanzar un acuerdo digno de tal nombre.
Y tampoco hay que olvidar que el fiscal general Eduardo Torres-Dulce dimitió poco después de verse forzado a imponer a la Fiscalía catalana la presentación de una querella contra Mas por el 9-N. Querella que ha acabado con el expresident en el ardiente banquillo y miles de personas creyéndole casi un santo, mientras los jueces empiezan a verse, ellos también, un poco demasiado cerca de la parrilla.
