Con cierta periodicidad escuchamos declaraciones de líderes políticos condenando la corrupción, por lo general coincidiendo con campañas electorales o con períodos en los que se crea alarma social por el conocimiento de un nuevo caso de corrupción o por alguna diligencia en procesos pendientes. En períodos electorales se adquieren compromisos contra la corrupción que no siempre se cumplen. Quienes no cumplen deterioran la democracia y desprecian los costes personales, sociales y económicos que la corrupción tiene para la mayoría de los españoles.

Una parte de los medios de comunicación está prestando un servicio a la democracia y a la opinión pública, difundiendo las noticias relacionadas con la corrupción y algunos jueces, desafiando las presiones y superando la falta de medios personales y materiales, consiguen tramitar los procesos judiciales, aunque sea con muchos años de retraso. De la misma manera, algunos funcionarios, cumpliendo con su obligación y arriesgando sus condiciones de trabajo, denuncian hechos de corrupción en sus entornos laborales, sin que las administraciones les protejan como debieran.

Es evidente, y es necesario poner negro sobre blanco, que hay muchas personas, políticas o no, funcionarios o no, que, conociendo actuaciones presuntamente corruptas, no las denuncian. Es un ambiente, o un mal ambiente, que tolera la corrupción. Asimismo hay que decir que las administraciones públicas, Gobierno central y Gobiernos autonómicos con competencias al respecto, no consideran que la justicia sea un servicio público fundamental en el Estado de derecho, cuando no ponen los medios personales e informáticos necesarios para tramitar con mayor seguridad y agilidad los procedimientos judiciales contra la corrupción.

La tolerancia con la corrupción se manifiesta un día sí y otro también. Eso pasa cuando los corruptos ganan elecciones una y otra vez y cuando sus amigos declaran que los ciudadanos les han absuelto. Eso pasa cuando personas investigadas en presuntos casos de corrupción fallecen y quienes en periodos electorales las han abandonado, incluso forzado a dejar el partido, pasan a encumbrarlas como modelo de formas de gobernar. Eso pasa, también, cuando se crea una nube de protección entre miembros de las instituciones públicas, por complicidad o compadreo, por un mal sentido de pertenencia a una institución o por autoprotección.

No hace mucho tiempo, promovido por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, se concedió la medalla de oro del municipalismo a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que falleció mientras estaba siendo investigada por presunto blanqueo de dinero para financiar la campaña electoral. La medalla fue entregada a sus familiares por Caballero, acompañado por Mariano Rajoy ensalzando a Barberá como la mejor alcaldesa de España.

Un grupo de senadores del Partido Popular, encabezado por Pedro Agramunt, promueve por desagravio a Rita Barberá un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular una ley de las Corts Valencianes para poder cesar a los senadores que elige.

Recientemente hemos conocido la sentencia de la pieza Fitur, una de las varias piezas judiciales de la trama Gürtel, por la que se condena a diferentes años de prisión a Francisco Correa y sus socios, a la exconsellera de Turismo con Francisco Camps, Milagrosa Martínez, y a varios funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo. Sentencia ejemplar, dicen los medios de comunicación. Correa y sus socios han entrado en prisión, veremos por cuánto tiempo. Milagrosa Martínez, condenada a 9 años de cárcel, ha eludido de momento la prisión con una fianza de 15.000 euros.

El concejal Pere Fuset, presidente de la Junta Central Fallera, apoya «en lo personal» a Jorge Guarro, vocal de la Junta Central Fallera, condenado a 4 años de prisión y algunos años más de inhabilitación por prevaricación y malversación de caudales públicos, en la pieza Fitur de la trama Gürtel, y dice que será el abogado del Ayuntamiento quien decidirá si es compatible la condena de inhabilitación por corrupción con seguir siendo vocal de la Junta Central Fallera.

En cuanto a la sentencia del caso Nóos, discrepo. Se confirma que unas personas son más iguales que otras ante la Justicia. Y, además, ¿quién devolverá a los valencianos los 3,6 millones de euros adjudicados sin concurso a Iñaki Urdangarin por la Generalitat de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Rita Barberá?