Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Sentido de Estado

El controvertido inicio del mandato del nuevo presidente estadounidense ha sacado a la luz los sólidos cimientos sobre los que se asientan las naciones en occidente. Sus propuestas migratorias, toda una reedición de la America first de mitades del siglo pasado, se han topado con un obstáculo previsible para quienes conocen los entresijos del poder en el mundo civilizado: la intervención de la justicia, en recta aplicación del derecho. Es de sospechar que sus nuevas intenciones extravagantes sigan similar recorrido.

Cuando una cosa así sucede no se socava autoridad alguna, sino que se subraya el sentido de Estado que debe presidir siempre las actuaciones de gobierno. En Estados Unidos y en cualquier otro país. No hablo aquí de razón de Estado, bajo cuyo amparo se han perpetrado en la historia sonadas atrocidades, sino de algo completamente diferente, en el que las potestades ejecutiva, legislativa y judicial contribuyen al unísono al progreso del Estado.

Los populismos, sean del signo que sean, desconocen habitualmente esto. Hace algún tiempo, me comentaba un alto funcionario municipal que le causaba verdadero sopor tener que instruir sobre la ley de régimen local a los nuevos concejales electos de una opción emergente, quienes le acusaban de impedir las ocurrencias que se les acababan de pasar por la cabeza.

Dentro del sentido de Estado cae de forma principal no solamente formular planteamientos para la mejora de las condiciones de vida de las personas, sean convenientes o no, sino para hacerlo dentro del marco básico del que nos hemos dotado, mitigando cualquier efecto secundario que pueda afectar innecesariamente a terceros. De ahí la trascendencia de un derecho alejado de la contienda partidaria y que vele con objetividad sobre la esencia legal de cada país, interviniendo cuando esta se violenta.

El verdadero riesgo que se cierne sobre este modélico escenario viene dado por el propósito contumaz del populismo de cargárselo intentando hacerse con el poder legislativo y, con él, poniendo en manos de los operadores jurídicos normas extremadas o de complicado encaje con los principios constitucionales inspiradores de toda nación moderna. La historia contemporánea nos ha ilustrado de lamentables episodios protagonizados por jueces aplicando leyes injustas o inmorales, además de disparatadas, aprobadas con impecable legitimidad formal.

El sentido de Estado, en fin, alcanza también a las ideas que se puedan tener acerca del futuro de un país. Han de existir criterios que aglutinen a todos, con mínimas excepciones, como aquellos que aborden con estabilidad y acierto las nociones elementales: educación, economía, justicia y seguridad o relaciones exteriores. En nuestros pactos de la Moncloa supimos hacerlo, y algunos de sus protagonistas aún viven, de modo que no se trata de un asunto vintage, sino enteramente susceptible de volver a ensayarse, siempre y cuando nos sepamos liberar de tanto postureo, de tanta mala leche y del apego hooligan a unas siglas, que es lo hoy impera.

Sin sentido de Estado, en suma, solo es posible un Estado sin sentido.

Compartir el artículo

stats