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Julio Monreal

Silencio, se espía con impunidad en las Corts

Un diputado de Ciudadanos y dos asesores tienden una trampa a un parlamentario del PP y le graban una conservación en un despacho de las Corts. Espionaje en la casa en la que reside la soberanía de los valencianos. Y la presidencia se pone de perfil señalando que es «un asunto privado»

Los más veteranos de las Corts Valencianes vienen recomendando a Emilio Argüeso, secretario primero de la Cámara autonómica y coordinador de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, que encargue un barrido electromagnético de su despacho para neutralizar posibles dispositivos de escucha y grabación ilegal. Según le cuentan, en la sala actualmente adscrita al secretario primero solían celebrarse reuniones con presencia de algunos imputados, condenados o encarcelados por la trama Gürtel de corrupción en contratos de obras y servicios de las administraciones valencianas.

No podía imaginar el máximo dirigente regional del partido de Albert Ribera que la recomendación que le hacen sobre un barrido antiescuchas ha cobrado esta semana pleno sentido con uno de los suyos como protagonista. Si alguien pensaba que el todavía portavoz parlamentario Alexis Marí era el verso suelto del partido naranja, su compañero Juan Córdoba le ha superado con creces en comportamiento estrambótico tendiendo una trampa al diputado popular José Císcar y grabando una reunión-conversación con él con ayuda de dos asesores de Ciudadanos en un despacho del parlamento autonómico.

Contra todo pronóstico, y pese al celo reglamentario e institucional que acertadamente suele desplegar el presidente Enric Morera, la Cámara ha decidido desentenderse de este gravísimo asunto que ha resuelto considerar «de ámbito privado». Un diputado, Juan Córdoba, y dos ayudantes preparan una trampa magnetofónica (o telefónica, que tanto da) a otro parlamentario en un despacho oficial, presenta la grabación como un seguro para neutralizar presiones en un feo asunto político en Gandia y el máximo responsable de las Corts se pone de perfil. Ni una reconvención al tramposo Córdoba ni una actuación disciplinaria para con los asesores, que lo son de la institución, aunque adscritos al grupo de Ciudadanos.

Los protagonistas naranjas de la trama grabatoria intentan presentar al que fue vicepresidente de la Generalitat José Císcar como un extorsionador al que han dado un poco de su propia medicina. Pero la excusa es impropia e inverosímil. Puede que la cinta que se ha difundido estos días con la voz de un asesor de Ciudadanos en Gandia, Salvador Marí, en la que se le escucha hablar de recalificaciones y de golf, haya sido una baza negociadora para impulsar al edil de Albert Ribera en la capital de la Safor, Ciro Palmer, a abandonar al PSPV y dar la alcaldía al PP; puede que como aseguraba ayer este mismo edil a Levante-EMV, los populares le hayan ofrecido el oro y el moro para que se pase al otro lado... Pero nada justifica que en la casa en la que reside la soberanía de los valencianos, las Corts, un diputado tienda una trampa a otro y le grabe sin su conocimiento ni autorización para presionarle o vacunarse contra terceros. Y menos aún cabe que la institución se desentienda de lo sucedido y ni siquiera reprenda a los tramposos protagonistas.

En cuanto a Císcar, parece mentira que un político experimentado que tuvo que sacudirse la sospecha de su propio presidente, Alberto Fabra, sobre quién filtraba en el Palau y vivió en primera persona aquellos desgraciados incidentes protagonizados por el jefe de seguridad de aquel Consell conserve las ganas de jugar con grabaciones. Parece que no se ha formado aún una idea clara de lo que piensan de él los 'naranjas', quienes conspiraron contra él y lograron apartarle de la presidencia de la Diputación de Alicante que hoy ocupa su compañero César Sánchez.

Hasta en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana la reacción ante la trampa de las grabaciones de Juan Córdoba ha sido tibia. Císcar condenó airado los hechos y protestó ante la presidencia de la Cámara, pero ni Isabel Bonig ni Eva Ortiz ni ningún otro líder conservador han salido al paso del episodio. Y eso que están en el mismo equipo y son uña y carne. Es como si no quisieran molestar a los que finalmente, y tras un año de bloqueo institucional, sostienen el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha tenido que ser la dirección nacional de Ciudadanos la que anuncie una investigación sobre el comportamiento de los suyos en este incidente. No podía ser de otra manera. Ningún dirigente regional podría haber tomado esta iniciativa vistas las relaciones que existen entre ellos. Alexis Marí está en expectativa de destitución tras elegir el bando perdedor en el congreso. Será «errejonado» en breve. Emilio Argüeso y Fernando Giner, coordinador y portavoz respectivamente, se multiplican para apagar los fuegos desde puestos sin altavoz en el ámbito autonómico, sin el protagonismo que su partido espera de ellos. Y Juan Córdoba se ha pegado un tiro en el pie. Uno se pregunta quién querrá ahora reunirse con él, dentro o fuera de la Cámara autonómica, tras comprobarse que lleva siempre el dedo en el gatillo de la grabadora. Si un político necesita inspirar confianza, él ha matado su propio capital.

La Laponia valenciana tiene derecho a un tren digno

El periodista de Levante-EMV Paco Cerdá acaba de publicar un libro-reportaje que recoge, bajo el título «Los últimos», las voces de lo que él llama la «Laponia española», los relatos emanados desde el impresionante silencio de la despoblación y el olvido de la Serranía Celtibérica. Pero la Laponia de ese conmovedor friso de arrugas y paisaje gélido no es la única. En todos los territorios hay una Laponia, y la valenciana que mejor responde a esa descripción en la que estos días lucha por conservar y ver mejorado un servicio de ferrocarril que se apaga poco a poco. Las poblaciones por las que pasa la línea férrea Valencia-Cuenca-Madrid, y muy especialmente las más alejadas de las capitales, como Camporrobles, pelean contra el tiempo y la falta de inversiones que un día pueden plantear el cierre de una vía que las mantiene en el mapa. Hay servicios rentables y servicios imprescindibles, a los que los ciudadanos tienen derecho al margen de cuál sea la tasa de población por kilómetro cuadrado. Precisamente son ellos quienes sufren las peores condiciones de vida y quienes más atenciones necesitan para que la democracia garantice la igualdad de todos.

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