28 de febrero de 2017
28.02.2017

Brutalidad institucional

28.02.2017 | 04:15
Brutalidad institucional

Si creíamos que se había agotado la brutalidad institucional de Mariano Rajoy, estábamos equivocados. ¿Queremos un mejor índice de que todo vuelve a la normalidad? Miremos la desenvoltura con la que se ha manejado el cambio de fiscales. Ni siquiera el portavoz del Gobierno, que está asistido por la naturaleza con una fisonomía favorable, pudo evitar el rictus del cinismo al explicarlo. Nos restregó en la cara que todo había sido legal, se había considerado el mérito de los candidatos y había existido acuerdo del Consejo de Ministros. Esto es: por mucho que parezca una cacicada, es legal. Pero es una cacicada legal porque nuestro sistema judicial permite que los fiscales sean nombrados por el Ejecutivo, un eco de la antigua consideración del fiscal como un agente regio, de cuando la justicia era asunto del rey, no del pueblo.

Lo sorprendente no es que Rajoy, como las cabras, tire al monte. Lo interesante es preguntarse qué lectura de la realidad hace el presidente para permitirse de nuevo la brutalidad institucional. Y sólo hay una respuesta. Para él, de nuevo, todo es como antes. De este modo, regresa la percepción de que el poder protege a los nuestros. El tímido orden del gobierno en funciones se deja atrás. Ahora volvemos al gobierno de verdad. Esto significa sabiduría en el manejo de la justicia. Y así, aprovechando que un fiscal se jubila, se cambian los fiscales que importan: el de anticorrupción, el implicado en la lucha antiterrorista y el fiscal superior de Murcia. También se había tentado al juez Velasco con una promoción. Al parecer por ahora sin éxito.

Con esto no es que demos por concluida la etapa de ajustar las cuentas con la corrupción. Damos por iniciada la teoría de que la corrupción es cosa del pasado. Y ya se sabe, con fenómenos del pasado se puede ser laxo. Por supuesto, se podía haber actuado con más refinamiento y sutileza. ¿Pero para qué? ¿Quién va a protestar por estas cuestiones triviales? Se cambia al fiscal que lleva años informando el caso del presidente de la Región de Murcia justo pocos días antes de tomar declaración al investigado. ¿No podía esperar el nombramiento? No, porque al parecer el gobierno ha perdido el miedo de que le monten un escándalo. Los demás ajustes ya los hemos comenzado a ver. El caso Nóos ha declarado inocentes a los valencianos, que hicieron contratos bastante parecidos a los que condenaron a Matas. Los comentaristas oficiales ya han impuesto la doctrina: esas sentencias tan complejas proceden de gente experta. ¿Quiénes somos nosotros, profanos legos y simples mortales, para cuestionarlas? La justicia es un asunto técnico de especialistas, no un asunto de la res publica y que, como tal, debe buscar el sentido común de lo que una sociedad ha de entender por justo.

¿Pero cómo reprimir el hábito de juzgar las cosas y no convertirnos en estúpidos? Por ejemplo, ¿cómo impedir asociar ciertas noticias? Que quitan la fianza a Urdangarin y Torres? pues habrá que repartir los favores. Así, en un acto de gracia, el fiscal de Sevilla ha solicitado que se le quite la fianza a Griñán. El bipartidismo bien entendido comienza por el reparto de favores con los fiscales. ¿Llegará este juego a Rato y Blesa y también quedarán libres y sin fianza? La ley de la compensación rige el mundo, pero todavía no sabemos hasta qué punto y en qué sentido se aplicará en este caso. Lo que con este tipo de medidas se busca es comprobar hasta dónde llegan las tragaderas de la gente, que vuelven a la amarga experiencia de entregarse al rumor sordo.

¿Y mientras tanto, qué dicen Monedero, Iglesias y los que dan miedo a los poderosos? Al parecer sobre este asunto poca cosa. Esta peculiaridad hispana de que al fiscal lo nombre el gobierno, a lo mejor les parece bien. Por si algún día se ven en situación de aplicarla, como Maduro. ¡Quién sabe! Lo cual testimonia que todo ese radicalismo de los últimos meses era más bien consumo interno para reconocer a los nuestros, que firme propósito de imponer respeto y defender con objetividad la dignidad de la ciudadanía. ¿O es que se ha impuesto la tesis de que aquello que no es susceptible de una formulación demagógica no sirve a la nueva política?

Ciudadanos no ha hecho una mejor figura y, como parece claro, se llegará a un acuerdo en el caso de Murcia. Se esperará a que el presidente Sánchez, que ha mantenido el tipo, declare en los próximos días. Si pasa de investigado a imputado, todavía se podrá jugar con la versión oficial de que el asunto es más bien un descuido administrativo. En todo caso, el gobierno con su brutalidad institucional ha empeorado las cosas para todas las partes. Para el nuevo fiscal, porque el archivo de la causa lo pondrá a los pies de los caballos; y para el propio presidente Sánchez, porque si sale indemne le perseguirá la sospecha de trato de favor por un fiscal ad hoc. Por supuesto, en este clima, lo mejor es apretar con el caso del 3 % de las comisiones de la vieja Convergencia. La compensación también rige aquí. Pero en más de un sentido. Mas ha dicho que el Estado va a por su partido. No es del todo cierto. Va a por él. Pero no debe quejarse. Se puede prometer la independencia contra la legalidad política, pero no violando la ley penal. La independencia de un país es una cosa grave y solemne y no se puede edificar sobre la corrupción política.

Todo así va teniendo un aire de otros tiempos, o más bien del eterno retorno. Si ha cambiado algo de verdad, lo veremos cuando en septiembre tengamos elecciones en Cataluña. Será un milagro que los viejos actores, evadidas las inhabilitaciones, puedan presentarse a esa cita electoral. Cómo se lo tomará la opinión pública, no lo sabemos. Pero según lo que vimos con la sustitución rocambolesca de Mas por Puigdemont, no auguro motines. La ciudadanía catalana independentista está dispuesta a todo por la causa, excepto a lo excepcional de verdad, alterar su vida cotidiana. Esto parece inconsecuente con querer la independencia, algo que no suele ser una cuestión cotidiana y que pocas veces se consigue sin profundos y trascendentales sacrificios.

Así las cosas, se comprende que la euforia en el gobierno Rajoy no tiene límites. Y para mostrar que en sus dominios no se pone el sol, ¿qué mejor que agasajar a Macri con el mayor fasto y pompa de Estado que se recuerdan? Todo el mundo sabe que el presidente argentino está en el cargo por vanidad y por negocios. Pues hay que hartarlo de ambas cosas. Y así, la brutalidad propia de un poder que ya no tiene miedo, se embarca en una acción diplomática que, con su pompa mediocre plagada de provincianismos caducos, no puede sino humillar de entrada a media nación argentina y preparar así el siguiente movimiento del péndulo respecto a España. Pues la acción de gobierno de Macri no es la del rigor económico, como se ha dicho. Es la que ha lanzado a Argentina a la depresión, al aumento del paro y a la reducción de servicios públicos, y amenaza con someterla a un estallido de delincuencia como no se recuerda. Así, Macri devolverá a la pobreza a los estratos de la población que los gobiernos anteriores intentaban rescatar de ella. Toda esa gente, y muchos más por mero patriotismo, no podrán entender la alegría de Rajoy con este gobernante, cuya única obsesión es bajar la inflación, sin pesarle la suerte de sus paisanos. Esa gente olvidará más tarde que nosotros que el Gobierno de España es incapaz de una acción exterior o interior que no impliquen de una forma u otra la brutalidad institucional.

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