Hace unos días, el proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana pasó el último filtro previo a su tramitación parlamentaria: el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Éste ha determinado que el texto se ajusta a ley por lo que, el pasado viernes 12 de mayo, el Consell lo elevó a les Corts para su debate y aprobación. Los matices y mejoras introducidas por los órganos consultivos (CJC y CES) han dado lugar a la versión 28 del proyecto de ley, lo que pone de manifiesto la gran participación y el fructífero trabajo realizado por todos los agentes intervinientes en su elaboración.
Por ello, desde UGT queremos resaltar que el gran número de versiones del proyecto de texto normativo pone precisamente en valor la participación, el diálogo y el gran esfuerzo de todas las partes para buscar el acuerdo. Desde aquel primer borrador elaborado por el Gabinete técnico de coordinación de los policías locales, hasta el proyecto de ley resultante, pasando por los sucesivos debates y modificaciones consensuadas en la Comisión de coordinación de los policías locales de la Comunitat Valenciana, el trabajo realizado ha sido enorme y ha contado con la participación activa de representantes de las administraciones locales valencianas y de los sindicatos legitimados en el ámbito de estas administraciones.
Por el contrario, algunas organizaciones sindicales han denostado y desprestigiado la existencia de tantas versiones, lo que no deja de ser una paradoja, ya que ellas mismas han participado en su elaboración. Y, sobre todo, significa menospreciar el consenso, con independencia de las voluntades que unos y otros hayamos dejado por el camino, como en cualquier negociación realizada de buena fe en la que prevalece la consecución de un acuerdo. Otras organizaciones sindicales pretenden incomprensiblemente ningunear la negociación colectiva y modificar el texto resultante del acuerdo durante el trámite parlamentario, aunque también sean responsables del mismo. Es lógico que durante la actividad parlamentaria, los grupos se reúnan con todas las partes que han trabajado en la elaboración de la ley, además de con aquéllos que tengan interés legítimo, pero no será UGT la que, al margen de la negociación en el seno de la Comisión de coordinación de policías, pretenda imponer su criterio por encima del consenso de las partes.
El proyecto refleja un nuevo marco social, donde se pone en valor la eficiencia y el rigor en la actuación policial de cualquier ámbito y recoge la realidad de los diferentes municipios, permitiendo articular procesos para que sea posible la asociación de aquellos municipios que quieran prestar los servicios de policía con rigor pero con eficiencia de medios. Introduce además modificaciones racionales en el acceso y promoción, con la novedad de la movilidad interadministrativa que permite ascender a la categoría inmediatamente superior en ayuntamientos distintos al de la prestación de servicio. Y afronta la situación de excesiva interinidad de policías locales.
Se crean nuevos órganos de coordinación, participación y asesoramiento, los consejos supramunicipales. Se constituyen el Observatorio de seguridad de la Comunitat Valenciana, el Comité de ética y transparencia en la actividad policial como un espacio para el debate ético que contribuya a mejorar la calidad del servicio policial y el Comité de asuntos internos como un órgano especializado de solución de conflictos que profundiza en la intermediación. Finalmente, por primera vez y a propuesta de UGT, se incorporan medidas de acción positiva para corregir las desigualdades de género que persisten en el colectivo de policías locales.
No cabe, pues, otra cosa que felicitarnos y felicitar al Gobierno valenciano por impulsar un nuevo marco legal que, tras muchos años de espera, dé cobertura a una sociedad valenciana diferente, que demanda nuevos servicios y que tiene otras necesidades; una ley que va a sentar las bases de un nuevo modelo de seguridad pública valenciana.
