Menos mal que aún nos queda Montesquieu y su obra El espíritu de las leyes, es decir, la división de poderes que contempla nuestra Constitución, para, a pesar de todo, controlar la actuación administrativa de las fuerzas políticas y de los políticos que las representan en cada momento en las instituciones democráticas. Y esto viene a cuento de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de suspender la disposición de la Consellería de Educación, y de su muy animoso conseller Marzá, para desequilibrar la cuestión lingüística existente entre los valencianos.

Porque aparentemente se trata de desequilibrar el estatus quo actual, postulando favorecer el valenciano, pero yendo contra el castellano, que no hace falta recordar «es la lengua española oficial del Estado», como reza literalmente el texto constitucional. Y que añade: «Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Pero no se queda ahí el contenido constitucional en tema de lenguas. En su apartado siguiente reconoce que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas». Y finalmente, se recoge en este texto que no tiene desperdicio: «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Todo ello contenido en el artículo 3, que difícilmente puede ser mejorado en pro de la concordia de todos los españoles.

Podría ocurrir, como sucede con cualquier otra cuestión judicial, que el proyecto de plurilingüismo, como mantiene el ínclito conseller Marzá, sea ratificado por el TSJ valenciano, pero hete ahí que, al menos, se va a poder analizar si, realmente, el texto perjudica la necesaria igualdad de la ciudadanía en un tema tan fundamental como es el de respetar el uso de la lengua materna de todos los que habitan este territorio. Lengua materna que, no se olvide, abarca el valenciano y el castellano. Y tan materna es una como la otra, y tan oficial es la una como la otra. El bilingüismo es igualdad, no superioridad; o al menos, si existe superioridad de una frente a la otra, que lo sea dentro de la más exquisita libertad del individuo, lo que requiere que toda persona pueda conocerla y usarla según su libérrima voluntad, sin presiones inaceptables, vengan de donde vengan.

En definitiva, no puede admitirse que ni por activa ni por pasiva, la lengua de Cervantes pueda acabar arrinconada en esta comunidad con vulneración flagrante de la voluntad de los constitucionalistas y de la inmensa mayoría que aprobó la Constitución, como, sin embargo, está sucediendo en Cataluña, donde el castellano es ya una lengua extraña en no pocos ambientes, tal y como lo tiene declarado el director de Levante-EMV en un relativamente reciente artículo del 19 de marzo último. Para intentar evitarlo, al menos disponemos del Poder Judicial, uno de los tres pilares básicos de la teoría política del genial Montesquieu.