La llamada por Cristóbal Montoro «regularización fiscal» de los evasores y defraudadores españoles ha sido anulada por el Tribunal Constitucional como lo que fue: una amnistia encubierta.
Todo lo actuado por el ministro de Hacienda en este triste capítulo de la crisis, es inconstitucional. La resolución añade un error muy grave a la nutrida serie de los perpetrados por el gobierno del país en su lamentable gestión del episodio económico más dramático de nuestra historia reciente, y ha de tener consecuencias políticas que no se limiten a las logomaquias y autoexculpaciones de ordenanza.
El incienso que se regala el gabinete en asuntos como la creación de empleo y la lucha contra la corrupción sigue estrellándose en la opinión social, que insiste en el paro como primera preocupación y mantiene en segundo lugar la corrupción, crecida nada menos que doce puntos en el espacio de los dos últimos meses.
Es tranquilizadora la muestra de independencia del Constitucional y abre expectativas sobre otros actos gubernativos sometidos a su escrutinio. El escepticismo ciudadano por los comportamientos de una justicia presuntamente dirigida desde la política necesita más inyecciones de fe como la que ésta contiene. Rajoy y su equipo son dados a calificar de inconstitucionales algunos de los actos o pretensiones que intentan bloquear. Pero la única interpretación válida y vinculante de la letra y el espíritu de nuestra ley de leyes es la que dimana de las sentencias del tribunal creado y habilitado al efecto. Los juristas y los constitucionalistas espontáneos no aportan otra cosa que confusión o coartadas.
Es indiscutible que Montoro deberá dimitir por la arbitrariedad consumada en la amnistía fiscal, tan blanda con los defraudadores como amarga para la masa de contribuyentes que cumple sus deberes fiscales.
Una masa, por añadidura, que nada ganó con la ridícula liquidación «legalizadora» de los capitales evadidos. El escandalizado estupor ante aquella arbitrariedad de 2012, uno de los años más duros de la crisis, quedaría en nada, absuelta y olvidada sin la anulación que ha dictado el TC. Otros problemas de trascendencia similar, como la reforma laboral o la ley mordaza, deberían ser examinados a través del prisma constitucional. Su independiente eficacia rendiría sin duda un gran servicio a la confianza en la justicia.
