Centenares de personas han marchado en las últimas horas por las calles del centro de València para reclamar justicia e igualdad con la Comunitat Valenciana en materia de fondos procedentes del Estado. La Crida pel Finançament, impulsada por sindicatos, entidades sociales y partidos de izquierda es por el momento la última iniciativa para poner de manifiesto ante la sociedad en su conjunto que una Administración central con menos competencias cada día se resiste a gestionar los fondos de todos con los representantes de todos, y se niega a compartir las llaves de la caja con los responsables de las otras administraciones a no ser, claro está, que haya respaldos políticos por medio, como se ha visto con el País Vasco y Canarias a propósito de los Presupuestos Generales del Estado recién aprobados en el Congreso.
Hace bien el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en llevar las explicaciones sobre la infrafinanciación valenciana a los institutos de Bachillerato, como ha hecho esta semana con los alumnos de un centro educativo de Silla, con Levante-EMV como testigo. Las consecuencias de la insuficiente financiación no son algo que solo sufran los políticos o los empresarios, como algunas veces se puede pensar. Las deficiencias en los servicios públicos como consecuencia de los recortes de la crisis llegan por igual a la mayor parte de la ciudadanía. Las estrecheces en sanidad, en educación, en servicios sociales o en justicia están directamente relacionadas con esos cientos, miles de millones de euros que corresponderían a la Comunitat Valenciana por población y otros factores en concurso y que se mantienen en las arcas del Estado o van a parar a otras comunidades que pueden ofrecer mejores servicios a sus ciudadanos y más beneficiosas condiciones fiscales y de otro tipo a las empresas, las que crean empleo y desarrollo.
Por todo ello resultó especialmente digno de aplauso el pronunciamiento unánime de los parlamentarios valencianos en Madrid y València del pasado mes de abril, cuando todos los partidos reclamaron la formulación de un nuevo modelo de financiación autonómica porque el actual es injusto y perjudica a la Comunitat Valenciana. Estas últimas afirmaciones fueron asumidas incluso por la presidenta del Partido Popular de la CV, Isabel Bonig, aunque poco duró la alegría en casa del pobre. Solo unos pocos días después, el equipo de Mariano Rajoy obligaba a los populares valencianos a desmarcarse de sus propios actos y no asistir el 25 de abril en las Corts Valencianes a la escenificación del acuerdo contra una financiación injusta. Una petunia volvió a florecer en ese jardín en mayo, cuando el PP votó con el resto de los grupos en la Diputación de Valencia en contra de los presupuestos del Estado presentados por Rajoy por relegar a la Comunitat Valenciana. De nuevo Génova ahogó esa flor en Zotal y desautorizó la rebelión popular valenciana porque, según dijeron sus portavoces, «confunde a los votantes». De los ciudadanos no consta que hubiera mención alguna.
Así que cuando llegaron las enmiendas de los grupos para incrementar las partidas de inversión para la autonomía se esperaba con atención el voto de los conservadores en el Congreso. Génova impuso su ley y la sorpresa desagradable fue la adhesión de Ciudadanos a las luces rojas (negativas) del panel de votación. Por citar sólo un ejemplo, Madrid y Barcelona continuarán recibiendo para sus respectivos sistemas de transporte público metropolitano entre 100 y 110 millones anuales mientras València volverá a recibir 0. El sueño de concluir la línea T-2 del metro de la capital para dotar a esta de una verdadera y eficaz red de suburbano se esfuma otra vez porque populares y ciudadanistas prefirieron otros destinos para el dinero del Estado.
Porque no es sólo la infrafinanciación en los capítulos con los que se pagan los servicios públicos ordinarios. Es que las inversiones pasan de largo un año más. Es una especie de maldición, de plaga bíblica, de factura perpetua que los valencianos vamos a sufrir durante décadas porque el Gobierno ha decidido que con la línea de AVE ya hay suficiente para un siglo. La gestión estatal de las obras del corredor mediterráneo ha sido una burla que el ministro de Fomento no va a borrar aunque parezca que viva en la ciudad del Turia de tanto viajar a ella. La reciente modificación de dos puntos del proyecto aligerará algo las obras y los tiempos, pero no convertirá por arte de magia un parche de distintos anchos en una doble plataforma para viajeros y mercancías entre Alicante y la frontera francesa, que es lo que los ciudadanos y las empresas necesitan.
Otro aspecto en el que la gestión del gobierno es digna de abucheo, en este caso para ejecutivos del PP y del PSOE, es la Marina de Valencia, el espacio que circunda la dársena interior del puerto y su transformación con motivo de la Copa del América de 2007. Diez años después del inicio de la competición, (14 desde la formulación de los proyectos y las obras), el Ministerio de Hacienda se mantiene en sus trece de cobrar más de 400 millones de los 500 que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) presidido entonces por el socialista Aurelio Martínez, hoy máximo dirigente del Puerto de Valencia, prestó para acometer las obras del evento. Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y otras muchas ciudades se han beneficiado deimportantes actuaciones de transformación urbana por cuenta del Estado, pero en València el dinero llega prestado y hay que devolverlo con sus intereses.
Y la cosa no tiene pinta de mejorar, si se echa un vistazo a las relaciones de los líderes valencianos con sus homólogos españoles y teniendo en cuenta lo importante que es la interlocución personal. El equipo de Rajoy opina que Bonig no hace más que darles problemas; Pedro Sánchez no es lo que se dice el mejor amigo de Ximo Puig; en Ciudadanos han cambiado al portavoz y están a punto de echar del partido a Alexis Marí porque osó cuestionar la doctrina oficial de los presupuestos cuando los naranjas votaron en contra de las enmiendas valencianas; y el nuevo líder de Podem, Manuel Estañ, le ha ganado las primarias a la candidata de Pablo Iglesias, Pilar Lima. Por lo que respecta a Compromís, único partido que no tiene referencia nacional, pudo haber negociado con los populares, como ha hecho el diputado de Nueva Canarias a cambio de mejoras para su tierra, pero prefirió dar prioridad a la ideología y apoyar la moción de censura contra Rajoy. Íntegro, pero poco útil para la magnitud de los problemas pendientes de resolver. A ver si a la próxima hay más suerte. O más pragmatismo.
