En España no se actuará eficazmente contra la violencia de género mientras sus políticas públicas y el comportamiento social frente a este problema sean reactivos y no preventivos, no contemplen el tratamiento del agresor, y no haya una cultura de rechazo social ni de rehabilitación con los maltratadores. Se habla mucho de pacto de Estado contra la violencia de género, pero antes debe de haber un pacto entre Estado y sociedad para definir lo que es violencia, comprender que ésta tiene multitud de manifestaciones e intensidades, y que todas ellas son rechazables y merecen un tratamiento especializado, sin esperar a que se llegue a la agresión física para actuar. Tampoco se dedicarán mayores recursos hasta que al Estado le salga más caro sostener los gastos de las agresiones y las muertes que invertir en la prevención.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada». Según la RAE, maltratar significa tratar mal a alguien de palabra u obra. El Convenio de Estambul (en vigor desde 2014), establece como la violencia de género también la ejercida fuera de la pareja, e incluso los cometidos con la intención de dominar y/o discriminar.

En España no se trabaja de forma preventiva, y está muy lejos de ser integral y especializada. Ni sociedad ni poderes han llegado a rechazar ni a aislar a los maltratadores a menos que se llegue a algo grave, ni actúan frente a los micromachismos. A menudo el entorno social está integrando y no rechazando a quien degrada verbalmente o acosa a una mujer, las autoridades no actúan hasta que se llegue a algo mayor, seguimos inmersos en la tradición de tolerar los micromachismos. Asumamos primero que somos un país que considera que no hay que actuar hasta que se llegue al extremo de que haya sangre de por medio. Sin instrumentos que les paren los pies cuando hay alertas tempranas, la línea entre la violencia psicológica y/o física de menor intensidad y la peor de las violencias se puede desdibujar de forma inmediata. Los maltratadores nos dan muchas señales previas antes de llegar a matar, pero no se actúa en esos estadios previos.

Todavía hay muchos profesionales sanitarios, educativos, de servicios sociales, policía, etc., por formar, y no vale dar cursitos de fin de semana dispersados, hay que homogeneizar y certificar seriamente la formación. Necesitamos más pedagogía en las actuaciones públicas y en los colegios. Javier Urra alertaba de que «el 33 % de los españoles piensa que los celos son una prueba de amor», un micromachismo más.

Envidia sana me ha dado conocer, durante el transcurso de mi asesoramiento a gobiernos centroamericanos y caribeños; en materia de prevención de la violencia marera, que en estos países se esté impartiendo pedagogía, dedicando recursos, profesionales y medios especializados de distintos ámbitos. Y, lo curioso del asunto es que con fondos españoles. ¿Sabían otro dato curioso?, la mayor parte de profesionales de violencia de género que ejercen en Latinoamérica son españoles, porque no encuentran campo de trabajo en España. En Centroamérica conocí proyectos contra la violencia de género financiados exclusivamente con fondos de la cooperación española, mientras se han recortado en nuestro país. Las campañas sobre micromachismos son oficiales, en España demos gracias que el colectivo de periodistas sea el más comprometido hasta la fecha. El gobierno dominicano tiene una asignatura específica sobre violencia de género en los colegios, que imparte la policía. Envidia sana me dio ver coordinados en una sinergia tan bien asumida a profesionales de fiscalía, del sector judicial, educativo, sanitario, de servicios sociales, a colectivos de barrio, ONGs, policía, alcaldes (creando aplicaciones informáticas para jóvenes en sus móviles, por ej), externalizando proyectos para que los gestionaran colectivos del sector sobre sus ámbitos directos de actuación. Y, como no, la «rehabilitación», o ¿es que nadie piensa devolver a estos sujetos rehabilitados a la sociedad?. El sistema penal no contempla la terapia ni la obligatoriedad de someterlos a programas de rehabilitación, se reduce a penas de castigo. Llevamos muchos años gestionando programas de rehabilitación de terroristas, ¿quieren decirme que es más imposible intentarlo con violentos machistas?. Igual que se persigue la apología del terrorismo, paremos, sociedad y poderes públicos, los pies a los maltratadores machistas cuando empiezan amenazando o empujando.

No es solo una cuestión de dedicar más recursos, lo es también de actuar cuando el maltrato aflora en sus primeras manifestaciones, y no esperar a que se pase a mayores. Se trata de una cuestión de arquitectura institucional, de homogeneizar los protocolos entre todas las administraciones, de la coordinación entre sectores, de involucrar a la sociedad civil en este pacto de Estado, y se trata de la educación también. La violencia machista, al igual que la escolar, seguirá siendo un fracaso colectivo mientras no hagamos un mayor esfuerzo preventivo desde el primer minuto en que se manifiesta a menores intensidades, y antes de que se acabe en el hospital o en el cementerio.