La denominada economía colaborativa se ha convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades europeas. Temorosos de que el Viejo Continente quede descolgado de la nueva revolución económica que llega del otro lado del Atlántico, los reguladores no terminan de encontrar el punto de ajuste entre unas iniciativas absolutamente desreguladas y las normas vigentes para la actividad económica tradicional.
Lo que en un principio se presentó como un modelo destinado al intercambio entre particulares ha devenido en boyantes negocios que han afectado en especial a determinados sectores como el tansporte o el turismo. Fenómenos como Uber, Blablacar o Airbnb han puesto en pie de guerra a los empresarios perjudicados.
La lentitud de reflejos de los diferentes gobiernos ha ido dejando en manos de los tribunales la resolución de las disputas que han ido surgiendo. Así, la patronal del transporte de viajeros por carretera contra Blablacar; los taxistas contra Uber; algunos ayuntamientos contra Airbnb... Y esas tensiones han derivado en algunos casos en protestas como las recientes huelgas de taxistas en toda España.
Ahora, el Parlamento Europeo ha aprobado una iniciativa -con una redacción ambigua para satisfacer a todo el arco parlamentario- que insta a la Comisión a dictar medidas que eviten abusos y garanticen por parte de todas estas empresas o plataformas el cumplimiento de las normas laborales, fiscales y de protección al consumidor vigentes. El reto ahora es acomodar esas normas y los nuevos usos sociales y económicos.
Una vez más, la realidad va muy por delante de la ley. Lo que todos los implicados deben tener claro, en cualquier caso, es que esta nueva economía ha llegado para quedarse. La resistencia numantina al cambio parece destinada al fracaso. La única solución puede proceder de un proceso de adaptación a las nuevas formas de negocio. Pero jugando todos con las mismas normas, de lo contrario se producirá un desequilibrio inaceptable fundamentado en la competencia desleal.
