Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, cuenta que, sin dinero para afrontar la crisis, hizo la amnistía fiscal para recaudar 2.500 millones. Logró 1.181. A cambio, se regularizaron sin pena 40.000 millones escondidos al fisco. Todo un tributo a la no tributación. Los inspectores fiscales dijeron en 2012 que la amnistía era inconstitucional. Cinco años después así lo dictaminó el Tribunal Constitucional.
El estropicio no se paga ni políticamente. Montoro no dimite y Rajoy no lo cesa.
Ángel Ron presidió desde 2006 a 2017 el Banco Popular, hasta 6 meses antes de que lo comprara el Banco Santander por un euro. Se fue con una pensión de 24 millones de euros y reclamando una indemnización por 32 años de trabajo en el banco y por su despido improcedente.
Su sucesor, Emilio Saracho, trabajó durante años en el banco comprador. El quebranto es milmillonario, hay dudas sobre la voluntad de los intervinientes en la pérdida de la que no se puede señalar responsable. Es solo el último caso en la banca mundial.
Un funcionario español de la UE fue a Grecia en 2011 para dar soluciones a la crisis. Junto a otros dos colegas, recomendó la venta de 28 inmuebles del Estado y su posterior alquiler. La operación acabó con pérdidas para el erario público que podrían llegar a 580 millones de euros. La ley griega lleva por la vía penal las superiores a 150.000 euros y puede meterlos en prisión. Fuera mala fe o impericia, Grecia tiene paralizados 8.500 millones de euros la UE para el rescate hasta que se les dé la inmunidad. Es un forcejeo político, claro, pero es interesante la cantidad de platos que se pueden romper gratis y los esfuerzos que se hacen para que sea así.
Sin responsables no hay responsabilidad.
