La educación parece arrastrar una condena eterna al purgatorio. Ya no sé si achacarlo a la inexperiencia de los gestores, a las eternas peleas partidistas -más que ideológicas- o a una maldición. Vuelve a ocurrir con el decreto del plurilingüismo de Vicent Marzà que iba a empezar a aplicarse en los tres niveles de Infantil. El recurso de Educación contra la suspensión cautelar ha servido de poco. Es más, del auto se deduce que por mucho que se vuelva a recurrir la suspensión al Supremo, la salida es complicada hasta que haya sentencia. Eso sí, con los alumnos ya matriculados.
La Diputación de Alicante (PP) vuelve a obtener una nueva victoria frente a Compromís. Y los alumnos y padres ingresan otra vez en ese limbo de no saber qué va a ser de los planes de estudios. ¿Alguna vez se podrá alcanzar un pacto político para conseguir un sistema educativo estable? Y no hablo solamente del ámbito autonómico.
Resulta dramático llevar cuatro décadas, desde que se implantó la democracia en España, sin un acuerdo que garantice el desarrollo de un modelo más allá de la legislatura en la que se aprueba. Solo basta con enumerar las leyes: La LGE, la Loece, la LODE, la Logse, la Lodeg, la frustrada LOCE de Aznar, la LOE y la Lomce. De momento. Todas ellas de ámbito estatal. Y a eso hay que sumar las normas autonómicas. Evidentemente, algo insostenible y desestabilizador. El intento de pacto más serio, el de Ángel Gabilondo, lo frustró a última hora el PP.
Siempre aparecen intereses partidistas y particulares que revientan cada conato de acuerdo. Las voluntades están más del lado de la ruptura que del pacto. Mientras, miles de alumnos padecen, y padecerán en el futuro, las consecuencias de un sistema educativo inestable, indeciso, en una sociedad global extremadamente competitiva, que requiere unos alumnos muy preparados para abordar un mercado laboral cada vez más selectivo.
Hay que levantar la cabeza, mirar a los ojos y ceder. Un ejercicio que deben ensayar todas las partes implicadas. En ello consiste la negociación. Es ridículo celebrar como una victoria la paralización de un norma educativa. Los afectados no van a ser los legisladores que la han aprobado, sino los alumnos que vivirán otra vez en sus carnes el suspenso de la incertidumbre, como ya ha ocurrido este año a otro nivel con la Lomce Las victorias políticas raramente son beneficiosas para alguien más del que las provoca. Y ni eso.
La democracia, de momento, se sustenta sobre tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si la incapacidad de dialogar y ceder nos conduce a quedar en manos de solo uno de los tres, el judicial, como está ocurriendo últimamente, estamos perdidos. Esa instancia no resuelve el problema, se limita a aplicar la ley. No hay más que ver hasta dónde se está llegando con el problema catalán por delegar exclusivamente en los tribunales.
Pienso que no es tan difícil, solo hace falta voluntad. Aunque a veces me puede el escepticismo. Ya dijo el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, impulsor de un intento de pacto de Estado educativo: «Los trabajos para llegar a un consenso se pueden alargar indefinidamente».
