La decisión adoptada por los trabajadores del control de seguridad del Aeropuerto del Prat de convocar una huelga indefinida a partir del lunes 14 de agosto debe llevar a plantearnos la conveniencia del modelo de concursos públicos basado única y exclusivamente en el precio, sin considerar la calidad del servicio, la rentabilidad empresarial y, en último término, las condiciones laborales del personal que lo presta.

Los excesos del pasado, a mi entender consecuencia no del modelo sino de la perversión del mismo, han llevado a nuestros gobernantes a establecer mecanismos poco eficientes, que lejos de generar ahorros reales conllevan en la práctica frecuentes incrementos de coste encubiertos y deficiencias en el servicio. Y quienes sufrimos las consecuencias somos todos los españoles, no la Administración, pues cierto es que "Hacienda somos todos", pero no lo es menos que el dinero público es de todos.

Algunos medios de comunicación se han hecho eco de esta realidad, pero de una forma tímida y no exenta de precaución, debido posiblemente a que son las grandes empresas las principales beneficiadas de este modelo, en perjuicio de las pequeñas y medianas, mayoritarias en nuestro país y claves para la salida de la crisis. Eco en los medios, no replicado por parte de las asociaciones empresariales defensoras de la pequeña y mediana empresa y de las organizaciones sindicales, en lo que puede haber influido -así quiero presuponerlo- que nos encontremos en pleno periodo estival. Y no se trata de un hecho aislado, pues lo que en estos días ha acaecido en el Aeropuerto de El Prat es algo que se viene replicando en muchos otros sectores, con fórmulas y estrategias muy diversas, tales como: convenios de empresas multiservicios, ofertas a pérdidas sin seguimiento de ejecución, sobrecostes encubiertos, etc. Cuando no costes directos, tanto económicos como de otra índole, como son los que conlleva el reforzar los controles de seguridad del aeropuerto con personal de la Guardia Civil.

Como ciudadana quiero hacer un llamamiento a nuestras administraciones, asociaciones empresariales y organizaciones sindicales, a reflexionar sobre un modelo que habiendo sido implantado desde la buena fe, con el objetivo de controlar el gasto y evitar el despilfarro o, lo que es lo mismo, el gasto excesivo y superfluo (objetivos con los que comulgo plenamente), está llevando en muchos casos a resultados opuestos, generando costes adicionales para garantizar la calidad del servicio, cuando no sobrecostes encubiertos, y perjudicando tanto a trabajadores como a las pequeñas y medianas empresas.

Como suele ser habitual en nuestro país, en el ámbito de la contratación pública -como en tanto otros- permanecemos anclados en formulas del pasado, careciendo de ese espíritu innovador, con tanta frecuencia invocado, pero que apenas trasladamos a la esfera de la gestión pública. Fórmulas que, en aras a evitar la subjetividad, se mueven exclusivamente por precio, sin sopesar que del mismo modo que la calidad de los ingredientes hace que el precio de un alimento varíe, la calidad del servicio y las condiciones laborales de quienes lo prestan hacen que el precio del mismo también cambie.

Mi llamamiento es únicamente a la reflexión y al diálogo entre la administración y todos los agentes económicos y sociales, para buscar fórmulas que asegurando la transparencia y adecuado control del gasto público, permitan en paralelo garantizar la rentabilidad empresarial y, por tanto, unas justas condiciones laborales para las personas, esto es, para trabajadores y trabajadoras.