Nuestros sindicatos, los oficiales, nunca dejan de sorprendernos. Y no es porque saquen comunicados apoyando a sus organizaciones hermanas francesas, cada vez que estas se echan a la calle contra los recortes del gobierno galo, mientras aquí se resignan (las pocas veces que no son firmantes) ante reformas similares.

La cosa ha llegado aún más lejos en estas tierras que, digámoslo sin temor a equivocarnos, están entre las primeras en paro, precariedad y casos de corrupción. El hito alcanzado por las confederaciones valencianas de UGT y CCOO será difícilmente superable, ya que un momento tan dulce en las relaciones con sus antiguos antagonistas (por no decir enemigos de clase, que ya no se estila) de la patronal y la derecha política era impensable durante la Transición.

La asistencia de los unos a los congresos de los otros es cosa habitual desde hace años, por lo que basta con recordarlo de pasada para valorar esa buena sintonía. El clímax interclasista se ha alcanzado con la elaboración conjunta de un manifiesto para pedir al Gobierno central una mejor financiación para la Comunidad Valenciana. Incluso se llegó a anunciar que patronal y sindicatos se manifestarían conjuntamente con esa reivindicación. Pero alguien debió avisar a los empresarios valencianos que manifestarse contra Rajoy y los suyos podría ser mal visto en la calle Génova, y la CEV ha reflexionado y dice que, entendiendo las peticiones, no saldrá a las calles detrás de una pancarta. Vamos, que quieren recordar al populacho que siempre ha habido clases.

No obstante este revés sufrido por los llamados agentes sociales, en modo alguno se han desanimado sus pacientes líderes y la manifestación, finalmente, parece que tendrá lugar el 18 de noviembre. Eso sí, han cambiado el recorrido para no acabar ante la sede del PP, no vaya a ser que se enfaden y no los llamen a negociar nuestros recortes y sus subvenciones. A falta de empresarios de lustre, los convocantes apelan a la sociedad civil y a los partidos políticos para salir a defender lo que se considera es una demanda común a toda la población valenciana; ricos y pobres, dueños de grandes empresas y titulares de un contrato temporal.

Sin dejar de reconocer que esta comunidad autónoma es una de las peor financiadas, con la que el Gobierno arrastra abultadas deudas históricas, también conviene preguntarse en qué se piensan gastar unas mayores aportaciones del Estado a los presupuestos de la Generalitat. Porque una cosa es (o sería) invertir esos miles de millones en zonas rurales, para evitar la despoblación y los incendios; crear una renta básica, para todas las personas que no encuentran un empleo digno por más que busquen; proteger y fomentar la agricultura y la economía tradicionales, para detener el abandono de nuestros labradores y apostar por una alimentación sana, etc. Eso sería -como digo- una cosa, pero otra muy distinta es si la financiación que se demanda a Madrid acaba impulsando nuevos proyectos urbanísticos como los que ya vuelven a amenazar Benimaclet, la zona del Puerto y los poblados marítimos, La Torre... o si su destino es construir más autovías, corredores ferroviarios, ZAL y demás agresiones a la poca huerta que han dejado, a mayor gloria y más beneficios de grandes empresas que son, precisamente, las que arruinan a agricultores y pymes.