Hay a quien le gusta utilizar muy frívolamente el término presos políticos. A raíz de las detenciones de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, por orden de una jueza de la Audiencia Nacional que les acusa de haber cometido un delito de sedición, hemos escuchado en boca de muchos políticos, incluso alcaldes, utilizar el calificativo de presos políticos para referirse a la situación de privación de libertad de los responsables de la ANC y Òmnium Cultural, en prisión desde el pasado lunes.
La propaganda independentista no ha tardado en organizar caceroladas, paros y manifestaciones para denunciar estos hechos. En un claro ejercicio de presión al poder judicial como ya hicieron cuando fueron a declarar Artur Mas o Francesc Homs, precedidos de una multitud ante el Tribunal Supremo por la consulta del 9-N.
En España hace mucho tiempo que dejaron de haber presos políticos y no se encarcela a nadie por sus ideas políticas. Y en un estado de derecho como es el nuestro, la justicia actúa y cuando hay indicios de que se ha vulnerado la ley, hay que respetar y acatar las sentencias judiciales. Y no solo cuando estas son de nuestro agrado.
