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Matías Vallés

Presos políticos

Un día después del encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, salieron a la calle doscientas mil personas en Barcelona, amén de varios miles en otras ciudades españolas y extranjeras. Por tanto, la prisión no ha evitado las manifestaciones pacíficas que pretendía frenar, porque ni la jueza de la Audiencia Nacional otorgaría a sus presos los poderes parapsicológicos de convocar a sus abducidos telepáticamente. La participación y la celeridad también relativizan si no desmienten el control absoluto que los dos atrabiliarios personajes ejercen sobre sus organizaciones, según fiscales y policías. La movilización no logra ni persigue la liberación, pero debilita la justificación de la cárcel.

La inclusión en la categoría de presos políticos de los iraníes Sànchez y Cuixart no les corresponde a ellos, pero tampoco a los defensores de una justicia clarividente que no aciertan a aclarar la comparación con condenados de privilegio como Iñaki Urdangarin y Rodrigo Rato. La naturaleza del encarcelamiento se resuelve con un experimento mental. ¿Habría solicitado la fiscalía, a quien la magistrada obedece, la prisión de los antipáticos movilizadores en el caso de que ese mismo lunes hubiera retirado Carles Puigdemont la reclamación de independencia? Si su respuesta es afirmativa, son presuntos delincuentes comunes. Si usted cree que cualquier acuerdo implicará el archivo de las acciones penales, entonces se trata de presos políticos, casi de rehenes.

Hubo más sedición en los controladores aéreos absueltos por el Gobierno que en los desaliñados Sànchez y Cuixart, pero esto es una opinión personal. El comisario Josep Lluís Trapero es otra cuestión. El país que quiere encarcelar al único líder policial que ha liquidado a un comando de Estado Islámico, a través de la misma Audiencia que juzga el terrorismo, tiene un serio problema de interpretación de los valores occidentales. Claro que aquí fiscales y jueza pueden estar promocionando al próximo president de Cataluña, con permiso de Pep Guardiola. La retórica de la aplicación de la ley no evita que las secuelas empeoren el remedio.

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