La sanidad universal garantiza el acceso a los servicios sanitarios cuando los precisa a cualquier persona por el hecho de serlo. Es un derecho fundamental y un elemento insustituible de equidad (asignar recursos a las personas en función de sus necesidades) propio de un estado social moderno. Suprimir o restringir ese derecho es limitar las posibilidades de desarrollo físico y psíquico a quienes carecen de recursos y sobretodo, abandonar a esas personas al sufrimiento, la incapacidad o a una muerte que podría haberse evitado. El Sistema Nacional de Salud español definido en la Ley General de Sanidad de 1986 marca la ruta hacia un sistema sanitario universal.
Hace cinco años, el Real Decreto Ley 16/2012 del gobierno Rajoy quiebra esa tendencia y niega su derecho a la asistencia sanitaria a cerca de un millón de personas en toda España. La mayoría de ellas inmigrantes sin permiso de residencia, a quienes más afectan los embates de la crisis. El RDL 16/2012 apela en su propio título a la sostenibilidad del sistema sanitario público. Pero ni el gobierno que lo promovió, ni el Congreso de los Diputados que lo refrendó aportaron entonces, ni hasta la fecha, dato alguno que explicara cómo y en cuánto mejoraba la sostenibilidad del modelo sanitario el abandono asistencial de los sectores sociales más vulnerables.
A falta de razones explicitas y creíbles, la exclusión sanitaria buscaría presentar como males menores las decisiones tomadas contra a otros sectores desfavorecidos, abrir más la sanidad a la iniciativa y el lucro privados o lanzar un guiño a sectores sociales xenófobos.
En respuesta, y como otros surgidos de las elecciones autonómicas de 2015, el Govern Valencià restituyó parcialmente la sanidad universal en la Comunitat Valenciana mediante el Decreto Ley 3/2015. A día de hoy está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno Rajoy.
En este contexto y en un acto del foro FAES organizado en Valencia hace unos días, Manuel Llombart, Conseller de Sanitat en el último gobierno popular de Carlos Fabra, ponía en duda la viabilidad de un modelo sanitario universal en estos términos:
"Hasta qué punto, y esto es muy duro de decir, una persona que no contribuye a la sostenibilidad del sistema puede tener los mismo derechos que los que contribuimos. Lo tienen claro los dirigentes públicos que esta escalada de proporción de recursos para sostener esa filosofía es imposible de seguir".
La gestión de Llombart al frente de la Conselleria de Sanitat estuvo señalada por los conflictos de intereses derivados de su relación familiar y profesional al frente del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), una institución privada concertada durante muchos años con la sanidad pública valenciana. Antes, durante y después de la estancia de Llombart en la Conselleria, el IVO ha mantenido con ella y hasta ahora contenciosos y negociaciones relacionados con la renovación y la retribución del concierto.
Su posición es coherente con su trayectoria. Y su intento de sustentarla, recupera argumentos-mantra, tan falsos como repetidos, demasiado admitidos de forma acrítica, contra los que el modelo sanitario universal se defiende una y otra vez con hechos probados y hasta con publicaciones ministeriales.
1. La financiación pública de los servicios sanitarios, excepto los dedicados a accidentes laborales y enfermedades profesionales, no proviene de las cuotas abonadas a la Seguridad Social como a menudo se cree y se afirma. Esa financiación procede exclusivamente de los impuestos. Impuestos directos o indirectos a los que toda persona física o jurídica contribuye en función de sus obligaciones, con independencia de su origen, nacionalidad o situación administrativa.
2. Los impuestos indirectos (los que gravan el consumo: IVA e impuestos especiales sobre hidrocarburos, tabaco, alcohol...) suponen un 28.5% del total de los ingresos tributarios, sólo dos décimas por debajo de los que se obtienen por impuestos directos (los que gravan ingresos y rentas: IRPF, impuesto de sociedades...)
3. Quienes residen en territorio español, con o sin permiso, pagan los impuestos indirectos que gravan el consumo, como el IVA, en el momento de adquirir el bien o servicio correspondiente. La situación administrativa irregular en la que puedan encontrarse no les exime de hacerlo.
4. Así pues, quienes se benefician de la sanidad universal u otros servicios públicos, incluso sin permiso de residencia, contribuyen a financiarlos con sus impuestos. Si no están obligados a pagar impuestos directos, sea cual sea su nacionalidad o situación administrativa, es porque sus ingresos son tan bajos que les eximen de hacerlo.
Por tanto, justificar la exclusión sanitaria de las personas extranjeras sin permiso de residencia, ni recursos en que "reciben la asistencia, pero no la pagan" solo puede explicarse por ignorancia o mala fe. En el caso de Llombart, la primera pondría en duda su capacidad para ejercer el alto cargo que ocupó. La segunda cuestionaría su altura moral exigible para dirigir los servicios sanitarios de todos los valencianos. Lo sean de hecho o de derecho,
Como otros, discute la sostenibilidad de un modelo sanitario universal de calidad y financiado con fondos públicos. También como otros, está lejos de la neutralidad y del rigor. Contaminado por los propios intereses, intenta ampliar el hueco para la participación de la iniciativa privada.
Y para ello reitera las mismas falacias con las que el Partido Popular pretendió justificar hace cinco años el mayor atentado perpetrado contra la equidad del sistema sanitario público. La sostenibilidad de un sistema público de salud no puede conseguirse a costa de quienes más lo precisan. Como la alimentación de una familia no se consigue dejando sin comer a sus miembros más débiles. Por el contrario, voluntad política, asegurar la financiación, aumentar la eficiencia y el rigor en la gestión, garantizar el compromiso de sus profesionales, priorizar los recursos y procedimientos más eficaces o abrir la información, la evaluación y la toma de decisiones a las personas a las que atiende marcan, entre otros, el camino para garantizar su sostenibilidad.
Desde ODUSALUD, en nombre de las entidades que lo componen, comprometidas y unidas en la defensa del derecho universal a la asistencia sanitaria, seguimos denunciando su vulneración basada en argumentos falsos y razones ocultas. Y pedimos a la sociedad civil que nos acompañe con una posición digna y activa en defensa de los derechos de sus sectores más vulnerables.
Comisión Permanente de ODUSALUD*
* El Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat
Valenciana se constituyó en 2012 como respuesta a la publicación del Real Decreto Ley 16/2012 y para la defensa del derecho universal a la asistencia sanitaria. Lo forman 87 entidades de la sociedad civil procedentes del sector profesional, la defensa de los derechos y la acción social, entre otros.
