La declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán, con menos votos de los que suman los partidos promotores y en ausencia de la oposición constitucionalista, no solo culmina un proceso esperpéntico: es la consumación de un delito tipificado en el Código Penal y sancionado con graves penas. La aplicación del artículo 155 de la Constitución, también aprobada en el Senado por mayoría absoluta, pone en marcha la suspensión provisional del autogobierno catalán a cargo del ejecutivo estatal. Los tres poderes confluyen, por tanto, en el rechazo de un proceso transgresor, arbitrario y antidemocrático que ningún país libre podría validar. Los separatistas han retorcido los principios más profundos de la convivencia y despreciado la prevalencia de las leyes hasta un extremo abusivo, caricaturesco, infantil. La falta de rigor doctrinal y la depravada dialéctica político-jurídica en defensa de sus objetivos sería risible si no conllevara tantas amenazas.
La consumación de la insurgencia produce la consumación del delito. Las fiscalías y los tribunales de justicia actuarán sin duda contra los autores, los inductores y los cómplices, a instancia de terceros o por iniciativa propia. La sociedad española y el estamento político están manifestando el deseo de que la aplicación suspensoria del 155 no sobrepase el límite de lo estrictamente necesario para restaurar la legalidad en el más breve plazo posible. Es de de esperar, igualmente, que el poder judicial se atenga a la medida suficiente, sin imputar ni juzgar más allá de los auténticos responsables y sus colaboradores necesarios. El objetivo irrenunciable es el establecimiento de las leyes y la reunificación social de Cataluña, hoy tristemente rota por un fanatismo irracional, rechazado por todos los estados democráticos de la Tierra.
Es imprescindible condenar a los insurrectos para salvaguardar la democracia y el estado de derecho. Pero no a fuerza de castigos ejemplares sino con la ejemplaridad del castigo. Esa ejemplaridad estará en la moderación que preserve en cada acto la finalidad de devolver la autoestima a una gran región española, culta, laboriosa y próspera, sin dejar cicatrices en la conciencia y la dignidad de quienes no participaron en la rebelión, pero también de los que, habiendo participado, asuman el error y deseen el reencuentro con sus conciudadanos catalanes y españoles.
El rescate en plenitud del estado de derecho no exime de las culpas de incomprensión y pasividad de quienes dieron la espalda a un proceso que se veía venir. Su mejor perdón estará en el restablecimiento pacífico de la normalidad y la paz entre hermanos. Lo más hiriente es, quizás, el no haberse volcado durante la escalada del conflicto en la convocatoria de unas elecciones que dieran la medida exacta del independentismo y el constitucionalismo en el electorado catalán. Una ocasión que debería anteponerse a cualquiera otra en la pesadumbre que hoy comienza.
