Una de las consecuencias de la probable convocatoria de elecciones en Cataluña será la paralización total, la anulación, de la tramitación de la proposición de ley que el Parlament de Catalunya remitió al Congreso de Diputados el pasado 25 de julio para modificar el artículo 143 del Código Penal (CP) a fin de que fuera posible la eutanasia y el suicidio asistido. La resolución fue aprobada también por el PSC y con la abstención de Ciudadanos. El PP votó en contra. Para la redacción de esta proposición se utilizó como básico un informe realizado por el Comité Consultivo de Bioética de Catalunya.
La Generalitat Valenciana tiene elaborada una ley de muerte digna, cuya tramitación está en paradero desconocido, pero que no aborda, porque no entra en sus competencias, la necesaria nueva redacción del artículo 143 del CP. Ante esta situación, y dado que la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido es una demanda del 86 % de la población, las Cortes Valencianas (CCVV) aprobaron el 2 de diciembre de 2015 una resolución que, por amplia mayoría, reclamaba al Gobierno de España que elaborara una ley consensuada sobre estos temas. Como era de esperar la resolución no tuvo ningún recorrido legislativo. La propuesta de Cataluña tuvo otro recorrido porque utilizó un sistema que también las Cortes Valencianas pueden adoptar.
Se trata de presentar por parte de las CCVV una proposición de ley de modificación de la ley orgánica 10/1995 del CP ante la Mesa del Congreso cuya tramitación es obligatoria en base al artículo 87.2 dela Constitución Española que "permite a las Asambleas de las Comunidades Autónomas remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros encargados de su defensa". Para ello también disponemos, desde octubre de 2016, de un Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana que podría redactar o colaborar en la redacción del informe necesario.
Nuestro Estatuto de Autonomía se hace eco de este derecho en su artículo 22-f al decir que entre las funciones de las CV está la de "presentar ante la Mesa del Congreso proposiciones de ley y nombrar a los diputados encargados de defenderlas". Aspecto que reafirma el Reglamento de las Cortes en su artículo 170 donde se expone la tramitación a seguir para la redacción y presentación de estas proposiciones ante el Congreso de los Diputados.
Se trata pues, y para celebrar que el 2 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Muerte Digna, de hacer uso de este derecho ( no sabemos si alguna vez se ha utilizado) y hacer una proposición de ley para modificar el artículo 143 del Código Penal que es el único obstáculo legal para la eutanasia y el suicidio asistido.
Con ello presentaríamos ante el Congreso una nueva posibilidad de tramitar este tema solicitado mayoritariamente por la población y aprobado por la mayoría de los partidos en los parlamentos autonómicos al igual que hizo las CCVV. El PSOE lo lleva claramente en su programa electoral, nunca ha negado su necesaria legislación, y es posible que si la propuesta surge de un gobierno como el que ahora tenemos en la Comunidad Valenciana, creyera llegado el momento de votar a favor y nuestra proposición de ley tuviera finalmente en el Congreso los apoyos necesarios.
El Gobierno Valenciano, el Pacte del Botànic, que ya ha aprobado un proyecto de Muerte Digna, tiene la oportunidad de cerrar el círculo, abordando un tema que necesariamente llegará un día en que se aprobará. Es una demanda permanente de toda la sociedad, una clara cuestión de justicia para ayudar a todos aquellos que piensan, como ya decían los filósofos griegos, que "de todo lo que un hombre puede pedir a los dioses, la eutanasia es lo mejor". La eutanasia, es decir, la buena muerte, la muerte digna.
Nosotros les pedimos a nuestros diputados en las Cortes que sean consecuentes y atiendan la amplia demanda de los ciudadanos que los han elegido y representan. Si no se hace ahora, si el llamado Pacte del Botànic, que se proclama y creemos que es de izquierdas, no es capaz de hacerlo. ¿Quién y cuándo se hará?
