Inteligencia Artificial (IA). En este tema, como en muchos otros aspectos, tecnológicos y no tecnológicos, se cumple la vieja premisa de que la ley va siempre por detrás de la sociedad, y, de hecho, muy por detrás, por lo que su desarrollo e integración en la gestión diaria se está haciendo sin marco legal y eso produce, en muchos casos, vértigo a todos. Pero no opinan igual los ciudadanos.
La sociedad en su conjunto acepta de buen grado este tipo de novedades en su vida cotidiana por los beneficios inherentes que conllevan. En el ámbito de la Administración y de acuerdo a los estudios más recientes, el 25% de los ciudadanos afirma que la implementación de la Inteligencia Artificial se producirá en los próximos diez años y que tendrá grandes ventajas para ellos, tales como reducir los tiempos de espera y disminuir la burocracia administrativa.
En realidad, a día de hoy ya son muchas algunas de las aplicaciones de Inteligencia Artificial en el sector público. El más conocido, los robots conversacionales. De la Siri de Apple a la Alexa de Amazon. ¿Tienen sentido los chatbots en la Administración? ¿Por qué no? Siempre con el servicio público en el centro, resolviendo de un modo ágil y eficaz los problemas de los ciudadanos, huyendo de los bot estandarizados (las compañías telefónicas ya han demostrado que pueden acabar con el más paciente). Sin embargo, la idea de tener un servicio de atención al cliente automatizado todavía suscita algunas dudas entre los ciudadanos, solo el 14% considera que tendría una mejor atención al cliente a través de un robot en los trámites derivados de la Administración Pública.
Pero hay otras posibilidades, conocidas ya en otros contextos, como son los drones. Al margen de otras infinitas posibilidades, las labores de vigilancia y control pueden verse notablemente mejoradas por su uso. En materia de seguridad ciudadana, movilidad y tráfico, o, por ejemplo, inspecciones de urbanismo, representan un mecanismo versátil tanto por las posibilidades de programación, como por las ventajas que ofrece frente a las personas, en términos de superficie, costes de desplazamiento, disponibilidad de personal, etc.
A su lado, escenarios inéditos que se abren gracias al Big Data. La Administración dispone de millones de datos que pueden generar valor público, y existe la obligación de trabajar para su apertura y posibilitar su reutilización. Igualmente, para la prevención de la corrupción, gracias a la trazabilidad de las actuaciones electrónicas, y la seguridad que rodea a su gestión favorece la confianza en la gestión, y la introducción de mejores sistemas de control. Sistemas de control que pueden aplicarse a sectores tan en riesgo y bajo sospecha como la contratación pública. Como ejemplo, los sistemas alerta temprana impulsados por los pactos de integridad en la contratación impulsados por Transparencia Internacional España.
En conclusión, la IA en la Administración (y en la sociedad) es ya el presente y tiene un gran futuro. La Agencia Tributaria cuenta con IBM Watson en sus desarrollos, aparecen aplicaciones predictivas, como Jurimetría, que avanzan el sentido de las sentencias y otras múltiples aplicaciones. Todo ello sin olvidar la vertiente más generalista de la IA, ya probada en los modelos de ciudades inteligentes, actuando sobre los consumos, generando y promoviendo un desarrollo y un diseño urbano sostenible, de ciudades pensadas para las personas.
Pero frente a una realidad en la que abundan pulseras y relojes inteligentes, electrodomésticos inteligentes y ciudades inteligentes, no debemos perder la perspectiva. Lo que necesitamos son personas inteligentes, empleados públicos inteligentes, políticos inteligentes y, sin duda, el primer signo de inteligencia es la capacidad para adaptarse. Ya lo decía Charles Darwin «la especie que mejor sobrevive es la que mejor se adapta». Toca pues adaptarse a la Inteligencia Artificial.
