Estamos pues ante un problema de primera magnitud: una grave crisis política y constitucional que puede dificultar mucho la salida de la crisis. Y ahora vamos hacia el precipicio a velocidad de vértigo. El viernes de la semana pasada el separatismo cometió la gran locura de declarar la independencia. El 155 era inevitable, pero Rajoy tuvo la sensatez de hacerlo lo más corto posible (55 días) al convocar elecciones para el 21 de diciembre. Quizás era el mal menor.
Y con las elecciones convocadas -cosa que pedía el 69% de los catalanes y que hubo un pacto para que hiciera Puigdemont- el independentismo tuvo que asumir su realidad: el gobierno estaba destituido y Puigdemont hacía el ridículo «exilándose», no había rebelión en la calle y debía justificar su gestión en unas elecciones. En Cataluña había malestar y tristeza, pero también algo de alivio porque la gran tensión de los dos últimos meses había caído. Hablarían las urnas, después…
Pero aquel viejo dicho de que el demonio todo lo enreda parece que sigue vigente. El jueves la juez Lamela de la Audiencia Nacional dictó orden de prisión incondicional contra nueve «consellers» del hasta el viernes gobierno catalán. El independentismo, que no se movilizó contra el 155 (era inevitable), ya lo ha empezado a hacer (gran cacerolada la misma noche) contra la prisión de los «consellers» que mucha gente -no sólo separatista- cree un abuso y una injusticia. Habrá manifestaciones, la campaña será más agria y dura y se corre el riesgo de que el líder de la posible lista ganadora (Junqueras de ERC) celebre su victoria en la cárcel, algo que despediría un claro tufo «revolucionario».
Vamos al fondo del asunto. No se trata de pedir impunidad. O de contradecir el editorial de El País subtitulado «aunque genere dificultades políticas, la justicia no puede dejar de actuar». De acuerdo, pero lo primero es que todo acusado tiene derecho a la presunción de inocencia y un juicio justo. Por eso la prisión provisional debe ser algo muy excepcional. Y aquí se aplica a un grupo de personas que no pueden reincidir por estar cesados y que, hayan hecho lo que hayan hecho, fueron votados por el 47,8% de los ciudadanos en los últimos comicios. Y en vísperas de unas cruciales elecciones. Es pues una decisión temeraria que puede llevar a incendiar los ánimos y envenenar la cita electoral. A fortalecer al independentismo como expresión de protesta y a dificultar la campaña de los contrarios al separatismo.
Y además es difícil de comprender porque los fiscales del Supremo estuvieron a favor del aplazamiento de la comparecencia de sus imputados (Forcadell y la mesa del Parlamento que están aforados), mientras que los de la Audiencia Nacional no sólo no lo aceptaron sino que pidieron la prisión sin fianza con la máxima celeridad. ¿Riesgo de fuga de los imputados de la Audiencia pero no de los del Supremo? ¿Y además mientras Rodrigo Rato espera el juicio en el confortable barrio de Salamanca y Urdangarín -condenado ya- su recurso ante el Supremo?
El problema no es la juez Carmen Lamela que actúa según su criterio sino la actitud de la Fiscalía. ¿Hay disensiones entre la del Supremo y la de la Audiencia Nacional? ¿La Fiscalía -dirigida por alguien reprobado por el Congreso de Diputados- busca vengarse del separatismo como proclama Puigdemont desde Bruselas? ¿Hay quien en ese mundo quiere también ponérselo difícil a Mariano Rajoy si -como es probable- las candidaturas separatistas se benefician de la entrada en prisión de sus dirigentes? Y ahora el separatismo no tendrá ya que justificar ante los electores su gestión (pésima) sino que querrá enarbolar la bandera de la democracia contra un estado liberticida. En resumen, estamos (desde hace años) peor que ayer. Lo más triste es que quizás
también mejor que mañana.
Siete ideas sobre Macron
Diez meses de presidencia Trump nos han convencido de que pocas cosas positivas podemos esperar. Por eso preocupaba mucho el relevo de la competente Janet Yellen en la presidencia de la Reserva Federal (el banco central americano).
El presidente de la Fed es quien más poder tiene sobre la economía y tutela tanto la estabilidad financiera y de los precios (la inflación) como el empleo. Los dos últimos presidentes -Ben Bernanke y Yellen- han tenido un papel relevante en sacar a los Estados Unidos de la grave crisis del 2008. Ahora la economía crece al 3% y la tasa de paro está en mínimos del 4,2% pero la inflación (1,3% anual) está aún por debajo del 2% que se cree lo adecuado para un crecimiento sostenido.
Para salir de la crisis Bernanke y Yellen aplicaron una política monetaria muy expansiva, criticada por los economistas conservadores y consistente en poner a cero los tipos de interés y comprar deuda pública y bonos hipotecarios para inyectar dinero en el mercado y animar la economía. Esta política ya es inadecuada cuando la economía tira, pero tampoco conviene un giro brusco para no correr riesgos. Por eso se han subido a ritmo lento cuatro veces los tipos de interés (dos este año) hasta el 1,25% (pese a todo muy bajo) y se empieza a reducir el gran volumen de la cartera de valores acumulada.
En campaña, Trump criticó la gestión de Yellen acusándola de casi todo, pero dejó de hacerlo cuando fue elegido. Que la economía vaya bien es fundamental para todo presidente americano que aspire a ser reelegido. El gran peligro era que ahora nombrara a un radical o a alguien poco preparado. Lo óptimo hubiera sido dar a la competente Yellen un segundo mandato como hizo Obama con Bernanke (republicano). Era demasiado para Trump.
No obstante, el nominado, James Powell (64 años), es el mejor de los candidatos que se barajaban. Es republicano centrista y fue elegido para la ejecutiva de la Fed por Obama, con el que tenía buena relación. Trabajó en el departamento del Tesoro y en el famoso fondo Carlyle, donde acumuló una riqueza de 55 millones de dólares. Y desde su nombramiento en el 2012 ha apoyado la política de Yellen. Tiene fama de moderado y se prevé que su política va a ser de continuidad. Por eso inspira confianza.
El punto débil es que su formación es jurídica y, aunque conoce bien el mundo de las finanzas, no tiene la formación económica de fondo de sus predecesores. Garantiza la continuidad, que con Trump no es poca cosa, pero hay más dudas sobre su capacidad si debe hacer frente a una nueva crisis.
