Las fuerzas botánicas protestan airadas, pero por lo bajini acogen como un regalo los recursos que, en la semana de los presupuestos de la Generalitat, el Gobierno de Mariano Rajoy anuncia contra las leyes autonómicas de Función Social de la Vivienda y de la llamada Pobreza Energética. Está muy bien que el delegado del Ejecutivo en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, anuncie que no piensa recurrir la inclusión, un año más, de los 1.300 millones de ingresos inexistentes que el Consell se empeña en incluir en las cuentas de 2018 para cuadrar las consecuencias de la infrafinanciación, pero el aval que los populares dan a la política autonómica de Ximo Puig impugando dos de sus leyes de mayor calado social no se paga con dinero. Da igual que sea porque invaden competencias estatales. A los ciudadanos les importa más que resuelvan sus problemas que de quién es la competencia para dar soluciones.
Soluciones. Eso es precisamente lo que espera la sociedad valenciana del Govern de la Generalitat en su tercer año de mandato, el último completo antes de las elecciones de mayo de 2019. Aseguran sus dirigentes que los presupuestos de sus dos primeros años han servido para hacer frente a la situación de emergencia social con la que se encontraron, y que éste de 2018 está concebido para consolidar un proyecto con vocación de futuro.
Por el momento, y reconociendo realizaciones evidentes como la supresión de los copagos sociales y farmacéuticos, la gratuidad de los libros de texto, la aplicación del principio de sanidad universal o la atención de los tratamientos contra la hepatitis C con cargo al erario, la Administración autonómica se enfrenta aún, en este tercer año, a un reto global que es su propia capacidad de gestión, un obstáculo que puede minar su crédito y convertir muchos de sus compromisos en papel mojado.
Precisamente, objetivos destacados de las cuentas para el año próximo son resultado de impotencias arrastradas. Todos los medios se hacen eco estos días del importante incremento de las partidas asignadas a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, casi 1.200 millones de euros, un 13,8 % más que el año pasado. Y también subrayan, como es de ley, que buena parte de ese presupuesto ha sido consignado para resolver incumplimientos arrastrados. Las políticas relacionadas con los menores, especialmente con los tutelados por la Generalitat, han sido un desastre; la atención a los dependientes o la gestión de las residencias de mayores han mejorado solo un poco en relación con lo mucho que iban a progresar con respecto a la anterior, desarrollada por el PP, y la renta de inclusión llega por fin a plasmarse negro sobre blanco, con unos cien millones de euros y con el reto, como en el resto de la gestión, de ser desarrollada por una Administración que se ha convertido en un elefante con artrosis después de haber tenido que amputarse sus miembros más activos (las empresas públicas) porque se habían convertido en un nido de corrupción y clientelismo.
Qué decir, también, de la Agencia Valenciana de la Innovación, un órgano presentado al principio del mandato como prioritario para dinamizar la actividad económica, investigadora y del empleo y que puede que arranque ahora en este tercer año, con 28 millones de euros y con más atención sobre la ciudad en la que vivirá su vicepresidente ejecutivo, Andrés García Reche, que sobre sus proyectos inmediatos.
En otra gran área de competencia autómica, la educación, el Govern de Puig ha tenido que confiar expresamente a los ayuntamientos la realización del plan de construcción de infraestructuras escolares. Serán los municipios los que saquen a concurso, adjudiquen, ejecuten y supervisen los nuevos colegios que han de sustituir a los que aún están en barracones, y la Generalitat se encargará de pagar. Porque dinero tiene, pese a la infrafinanciación. Lo que no tiene son manos. Y no se sabe bien si es que le faltan funcionarios, como todos los consellers señalan, o es que las manos que tienen no se mueven por algún motivo, incluido el ya señalado en varias ocasiones del miedo a firmar y que luego venga un juez y les impute un delito.
Y frente al miedo, más policía. La Generalitat del Botànic pasará a la historia como la que más actividad preventiva y represora interna despliega tanto de puertas adentro como hacia el exterior. No tenía bastante con el Consell Jurídic Consultiu, los Síndics de Comptes y Greuges y otros organismos estatutarios y por eso creó la Conselleria de Transparencia, toda ella una jefatura de policía donde, no contentos con promover una ley de lobbies que pone bajo sospecha reunirse a tomar un café con un director general, o aplicar un régimen de incompatibilidades que prohibiría volar a un mosquito si antes pasó delante del Palau de la Generalitat, se han dotado de un sistema de alertas que encima se llama Satán y que detecta el aleteo de una mariposa sospechosa por encima de las obras de un colegio. Sólo faltaba la Agencia Antifraude de 2,7 millones de euros en 2018, capricho de Podemos con palacete incluido. Se ignora qué investigará y también si sus autos y sentencias serán compatibles con los tribunales ordinarios.
Podemos en Comú saca la cabeza y se hace visible
Pasado el ecuador del mandato electoral, la estructura autonómica de Podemos y el grupo municipal de su marca en la capital del Turia, València en Comú, estrenan líderes en las personas de Antonio Estañ y María Oliver. En las Corts Valencianes, el portavoz morado saliente, Antonio Montiel, va cediendo su protagonismo al diputado que le sustituye como síndic y va cambiando la estrategia del grupo desde una negociación interna, sin alharacas, con los dos partidos del Govern, hacia una reclamación pública y expresa de su posición, plasmada en el debate de los presupuestos en la amenaza de no apoyarlos si no hay tasa turística, medidas contra la pobreza farmacéutica y más viviendas sociales para alquiler. Montiel ‘hacía’ y Estañ quiere ‘hacer’ y ‘parecer’.
Lo mismo ocurre con María Oliver en València. Tras dos años a la sombra del portavoz Jordi Peris, la nueva líder de En Comú se pidió llevar la Senyera el 9 d’Octubre para darse a conocer al gran público y desde entonces no ha parado de meterse en charcos que le dan notoriedad. Ella también ‘es’ y ahora quiere ‘parecer’.
