El pasado 4 de noviembre este diario publicaba una noticia que llevaba por título Presupuestos con huella de infancia. En ella se contaba que, por primera vez, se ha realizado un informe sobre el impacto que los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2018 tendrán en los niños y niñas de la Comunitat Valenciana.
Este informe no es una ocurrencia de la Conselleria de Igualdad, sino el cumplimiento de la indicación realizada por el Comité de Derechos del Niño de la ONU a España en 2010. En dicho año el Comité, viendo la profunda crisis económica en la que se encontraba España, le pidió que en "la elaboración de presupuestos se determine el importe y la proporción del gasto destinado a estos a nivel nacional, autónomo y local, a fin de evaluar las repercusiones y los efectos de dicho gasto en la infancia".
Aquella recomendación no fue aplicada ni por el Estado ni por las comunidades autónomas. El resultado fue devastador para los niños y niñas de España en general y de la Comunitat Valenciana en particular: en el año 2007 el porcentaje de niños y niñas en situación de riesgo de pobreza o exclusión era del 21.5%. En 2014 se alcanzó un pico del 40%, casi el doble ¿Cómo se ha llegado a esa situación? ¿Qué ha pasado para que los ciudadanos de 0 a 18 años hayan sido el grupo más gravemente afectado por la crisis? ¿Es que los políticos han decidido que la crisis debe repercutir especialmente en los niños y niñas? La respuesta a esta última pregunta solo puede ser negativa. Nos gusten más o menos los ministros de Hacienda o sus homólogos autonómicos de Economía y Hacienda, no podemos imaginar que tengan la intención de perjudicar a la infancia. ¿Qué ha pasado entonces? La respuesta es simple: nadie evaluó las consecuencias que iban a tener en la infancia las medidas presupuestarias de austeridad. Y esa falta de perspectiva de infancia llevó a miles y miles de niños y niñas a caer en la pobreza y ver, de esa manera, sus derechos vulnerados. A ello se añade un elemento más: los niños y niñas no votan y, además, salvo escasas excepciones, carecen de mecanismos articulados para hacer oír su voz ante la administración.
Para frenar esta sangría, revertir la situación y evitar que se repita, UNICEF Comité Español realizó una intensa labor de incidencia política a fin de conseguir que la ley establezca que es obligatorio hacer estudios de impacto en infancia para todas las leyes, incluidos los presupuestos (lo que se consiguió con la reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en 2015). En el contexto autonómico, UNICEF Comité Comunidad Valenciana incluyó el cumplimiento de esta obligación entre sus recomendaciones a la administración pública en 2016.
El objetivo es visibilizar a la infancia en la adopción de todas las medidas que le conciernen. Y a los niños y niñas no solo les conciernen las medidas que van destinadas a ellos directamente como la educación o la salud, sino muchas otras. La inversión en garantizar una renta mínima a todos los ciudadanos, en vivienda, en infraestructuras, en justicia, tiene repercusión directa en la infancia, al permitirles que su familia tenga unos ingresos mínimos para su subsistencia, el acceso a una vivienda digna y adecuada, infraestructuras que le permiten ir de forma segura al colegio o tener acceso a una justicia amigable para la infancia, en especial para los niños víctimas o testigos.
No podemos, por tanto, sino saludar con entusiasmo el primer informe de impacto en infancia realizado para los presupuestos de la Generalitat de 2018, reconociendo la voluntad temprana de esta Comunidad en cumplir con la normativa.
No es este el momento de analizar el contenido de ese informe de impacto. Otros momentos habrá para analizarlo en profundidad. Pero ahora sí quiero destacar que el trabajo de UNICEF Comité Comunidad Valenciana no termina aquí. Todas las administraciones públicas, no solo la autonómica, están obligadas a realizar el informe de impacto en infancia de sus presupuestos y en todas las medidas generales que adopten. Desde nuestra entidad continuaremos dando seguimiento a su correcto cumplimiento.
Por otra parte, la realización de estos informes debe llevar a detectar las causas profundas que han llevado a la situación actual y, a partir de ahora, ir aumentando la inversión para la garantía de los derechos de niños y niñas en la Comunitat, blindando el gasto mínimo necesario para su cumplimiento y aumentando progresivamente dicha inversión de forma que se revierta la actual situación. Además, tener identificados los gastos públicos en infancia permite también medir y evaluar su realización, a fin de corregir lo más rápidamente posible sus posibles incumplimientos.
Los niños y niñas de la Comunitat Valenciana no son los ciudadanos del futuro. Son ciudadanos hoy. Por ello, sus derechos deben estar garantizados con el soporte presupuestario adecuado hoy, no en el futuro. La inversión en infancia es jurídicamente obligatoria, económicamente rentable, políticamente adecuada y éticamente lo correcto.
