La situación financiera de la Generalitat Valencia (GV) es melancolía asumida. Un Consell desesperado, ha promocionado una manifestación al efecto, que organizan los sindicatos, cosa poco sorprendente ya que una de cada cinco nominas valencianas depende, de una manera u otra, de la GV. El domingo desfilaran PSOE, Compromis, Podemos y Ciudadanos, que en los próximos días tendrán la ocasión de hacer algo realmente práctico para los valencianos. Ignoro si van a estar dispuestos.
El pasado día 3 el Gobierno mandó al Parlamento los proyectos de ley del cupo vasco y de la modificación del consorcio económico con Euskadi. Ambas leyes son la contrapartida al voto favorable del PNV a los Presupuestos del 2017. En términos financieros se pretende que el Estado devuelva al Gobierno vasco 1.400 millones que se entienden cobrados de más, un dinero que se irá descontando de forma progresiva durante los próximos cinco años del Cupo. Los problemas financieros del Eusko Jaurlaritza son un juego de niños comparados con los de la GV. En términos de deuda podríamos incluir a Cataluña, pero hasta fin de año, quien cuenta los dineros es Montoro con el Art. 155.
El mensaje desde Valencia es concreto: Si PSOE, Podemos (que ya dice que se abstendrá en línea con su probada ambigüedad en asuntos territoriales) Ciudadanos y Compromis votan en contra, la leyes vascas no se aprobaran. Siento la brutalidad de la simpleza, pero si no se soluciona, al menos temporalmente, la situación de la GV, es el momento del «hasta aquí hemos llegado». Quiero pensar que algún político de raza lo está planteando.
Si la situación se sigue degradando a golpe de déficit de 2000 millones anuales, la GV es carne de Art. 155 en versión financiera. Ahora es el momento de saber lo que Montoro quiere transaccionar también en favor de los valencianos.
Aclaremos que aquello que se deriva de la Constitución es el «concierto vasco» (Un régimen económico especial surgido en 1878, un par de años después de que tercera guerra carlista 1876 eliminara los Fueros, que permitían y permiten que sus tres diputaciones forales gestionen sus propios sistemas tributarios) mientras que el «cupo» es la cantidad que Euskadi debe pagar a la Administración central por todas las cargas que no asume la comunidad autónoma (embajadas, defensa, museos nacionales, prisiones, Seguridad Social o los intereses de la deuda pública estatal). El principio inalienable es el «concierto», el cupo es contingente y se negocia cada cinco años y se negocia desde 1981 un tiempo de muchas pistolas. Con los años el resultado del método ha sido espectacular para Euskadi, más allá de su la probada eficacia de sus gobernantes y de su indudable vacuna anticorrupción.
Como se evidenció el viernes en el seminario organizado por la GV con los partidos sentados en una misma mesa, la solución una nueva organización territorial para España va a ser muy larga, en la optimista visión de que pueda ser. Aquellos que dentro de este optimismo deseamos ardientemente que Cataluña se siente a una mesa común con el resto de españoles cuando regrese de su actual ensoñación, no creemos que el modelo de financiación deba resolverse con motivo de las promesas hechas a Euskadi. El Gobierno y el resto de CCAA cometerán un gran error si después de años de inmovilismo, se usa la votación vasca con la una cierta solución del modelo de financiación.
Puesto que Euskadi ha conseguido una situación temporal, como es la negociación cada cinco años, existen salidas excepcionales que deben ser radicalmente exigidas para que la GV pueda mantenerse hasta que haya una cierta tranquilidad territorial en España y en Europa. Solo así habrá un debate productivo.
Hay liturgias camino de ninguna parte. Los expertos entregaron un informe en el que Cataluña no participó, pero tuvo voz y razonables propuestas que fueron rechazadas. Luego vino el Comité Técnico bajo la condición política es que las CCAA socialistas lo acepten. Esto es una estridencia, cuando se supone que las decisiones deben ser duraderas y exentas del quita y pon, propio del resultado electoral. Es un dislate de trabajar como si Cataluña no existiera. El problema territorial no es el de un reparto más o menos hábil, hecho por expertos algo pretenciosos, es un problema de política con mayúsculas. Cuando Cataluña despierte de su dolorosísima ensoñación, no se le podrá imponer lo que el resto de CCAA haya decidido en su ausencia.
Montoro y Rajoy adquirieron unos compromisos con el PNV que eran incompatibles con las demandas de las CCAA no forales. Se equivocaron. La situación catalana ha roto su estrategia. El nacionalismo vasco no puede votar con un gobierno que se ha visto obligado a imponer el Art. 155. El nacionalismo tiene razones que la solidaridad no comprende.
Hasta ahora el resto de CCAA han sido actores mudos y perplejos de un drama español cuya intensidad empezamos a medir. La necesidad de superarlo con todo el gradiente del problema territorial hace añorar la metodología de los Pactos de La Moncloa. Fueron pergeñados por políticos coherentes junto a personas independientes con suficiente autoridad moral. Desde Madrid piensan que es muy difícil debatir cuando los responsables de la conselleria de Hacienda, al modo Puigdemont, justifican saltarse la ley y clasificar entre buenos y malos valencianos en función de la posición que adopten ante la infrafinanciación. Estamos en momentos de movimientos reconstructivos que vayan desde las CCAA al Estado y si ello no se consigue la recentralización y la devolución de competencias parece inevitable.
Los valencianos necesitamos tranquilidad y unos fondos mínimos para llegar con dignidad al momento del debate territorial. En cuestión de días, Montoro por un lado y los partidos de la oposición por otro , van a tener que conjugar el cupo vasco y el estado financiero letal de la GV. Esto es, al menos temporalmente.
