En el manifiesto suscrito por UGT-PV, CCOO-PV y CEV, además de explicar la situación de infrafinanciación, infrainversiones y deuda que injustamente padece nuestra Comunidad, declaramos que no hay intencionalidad política partidista alguna y que sólo pretende concienciar a la ciudadanía de esta situación y reivindicar el trato justo que la C. Valenciana merece. Y es exactamente así, no se trata de responsabilizar de nuestra situación a ningún partido político en concreto, porque, entre otras cosas, esta situación se arrastra desde siempre.

Dicho esto, que no acaba de querer creerse el PP, la responsabilidad de llevar a término un nuevo sistema de financiación que dé respuesta a nuestras necesidades de financiación y resuelva la abultada deuda, es de todos los partidos con representación en el Congreso y no sólo del PP. Así pues, el manifiesto y la manifestación pretenden ser un clamor pacífico, civilizado y democrático de la ciudadanía valenciana, y de sus organizaciones políticas y sociales en que los ciudadanos, pueden y deben participar.

Porque, a mi entender, la abulia de los valencianos y de sus representantes son causa primera que explica la desatención y el maltrato que padecemos. Desgraciadamente, una vez más, parece que la razón se supedita a la fuerza y que aquellos que pueden hacerla valer obtienen más réditos que los cargados de razones y razón. No se entiendan estas reflexiones, por lo demás poco originales, como un llamamiento a la fuerza; sino como un llamamiento a manifestar nuestro más que justificado hartazgo.

Ser una autonomía con 12 puntos de renta per cápita por debajo de la media y a la vez contribuyentes netos al sistema, es decir, solidarios con los demás cuando debería ser justo al revés, nos da la medida del disparate que el actual sistema significa para los valencianos. El nuestro es un caso único, ninguna otra autonomía es pobre y paga más de lo que recibe. Las hay que siendo ricas reciben menos de lo que pagan, pobres que pagan menos de lo que reciben y, lo insólito, ricas que reciben más de lo que pagan. Pero ninguna como la nuestra.

Nuestra autonomía tiene un problema de ingresos, no de gastos. Nuestros gastos son inferiores a la media; otra cosa es la reputación ganada a pulso por inversiones fallidas, eventos, fastos y corrupción de una época ya superada; y aun así, gastamos menos que la mayoría de autonomías.

A esta manifestación del 18N se han sumado multitud de plataformas: Consumidores, Universidades, Asociaciones de Vecinos, Cooperativas, Dependientes, Agricultores, etc., etc. Todos tienen necesidades o reivindicaciones propias, o dicho de otro modo: prioridades de gasto.

Nosotros, las organizaciones sindicales, defendemos más innovación e inversión para un cambio de modelo productivo capaz de generar una potente base industrial y de servicios que cree empleo de calidad y con derechos, permita buenos salarios y garantice futuras pensiones dignas. También educación, sanidad y servicios sociales públicos, universales y de calidad.

Pero el 18-N, cada uno con sus motivaciones, saldremos a defender el trato justo que los valencianos y valencianas merecemos en financiación, inversiones y deuda, y no las prioridades de cada cual; por eso esta no es una manifestación de partidos, sino de la sociedad valenciana en su conjunto. En 2019, cuando seamos llamados a las urnas para decidir quiénes nos representarán en Les Corts y formarán el Consell, será el momento en que decidiremos nuestras prioridades políticas votando en función de este y otros criterios. Y para entonces, quien hayamos decidido que gobierne deberá contar con los recursos que ahora reclamamos para cumplir su programa. El 18-N se trata de ayudar a conseguir esos recursos con argumentos, negociación y razones; pero también con el clamor en una manifestación que debe ser histórica y con un único, simple y enérgico reclamo: Justicia para la C. Valenciana.