Asistimos desde hace algún tiempo a una fuerte campaña contra la recuperación al sistema sanitario público del Departamento de la Ribera. De hecho, hace apenas unos días se celebraba una carrera contra el cáncer en la población de Carcaixent y en la misma la asociación Sanitat Sols Una repartía unas mochilas en las que figuraba «Salvemos al hospital de la Ribera, no a la reversión».
Esta asociación defiende legítimamente la no recuperación para el sistema sanitario público la gestión del Departamento de la Ribera. Pero con la misma legitimidad hay quienes defendemos dicha recuperación. No nos olvidemos, estamos ante un compromiso del partido socialista, por lo que en nuestro programa electoral ya indicábamos nuestra apuesta por el sistema sanitario público; por la recuperación de las concesiones de forma progresiva, bien por finalización del contrato o por incumplimientos reiterados. Y no nos olvidemos, también el Pacte del Botànic asumía la apuesta por la sanidad pública como un compromiso fundamental. Y eso hemos hecho.
Sí, la recuperación es un compromiso doble, pero un compromiso basado en años de solicitud de evaluaciones y de datos de eficiencia social, económica y sanitaria que nunca conocimos. Datos que nunca se nos dieron. No recordaré cómo tres años después de comenzar su andadura, los gestores del Hospital de Alzira rescindieron el contrato entre la UTE y la conselleria porque el negocio que se habían montado con nuestra sanidad les era poco rentable. 70 millones tuvimos que abonarles todos los valencianos y valencianas para compensarles. Lo grave es que la Conselleria de Sanidad volvió a sacar un nuevo concurso -con las condiciones mejoradas, por supuesto, para que las empresas obtuviesen más beneficios- que fue adjudicado al mismo conglomerado empresarial al que acabábamos de rescatar. El propio informe de la Sindicatura de Cuentas dudó del nuevo pliego, de las nuevas condiciones, de las nuevas cláusulas de explotación y de la indemnización que recibirían las empresas en caso de rescisión de contrato por mutuo acuerdo. Y aun así el Consell lo hizo. Y todos sabemos quiénes fueron los beneficiados.
Desde el PSPV siempre hemos defendido que el sistema concesional en sanidad no es ni más eficaz, ni más eficiente, ni de mayor calidad; que no había control desde el sistema sanitario público; que no había una planificación conjunta ni adecuada; y que es un sistema opaco con falta de participación y escasa trasparencia. Creemos que se ha sustituido lo público por lo privado, que durante años se ha cedido la gestión a empresas con ánimo de lucro y que, por lo tanto, de alguna forma se ha estado mercantilizando la sanidad de todos los valencianos y valencianas. Que no nos engañen, nuestra salud no es un bien de consumo más.
Es más, en los últimos días hemos conocido un informe de la Intervención de la Generalitat que confirma que los pliegos que se redactaron para las adjudicación de las concesiones no eran claros; que no se habían realizado estudios previos para saber lo que se iba a pagar por paciente; que la conselleria en la época del PP no controló el funcionamiento de los departamentos; que las comisiones mixtas se extralimitaban en sus funciones; o que no se confeccionaron documentos básicos de control de las inversiones previstas. ¿De verdad eso es una gestión eficiente? Por supuesto que no. Y desde el PSPV estamos convencidos de que continuar con ese modelo provocará que se rompa la equidad en la prestación y también la progresiva consolidación de un modelo dual donde quien más aporte más servicios tenga.
De modo que con la misma legitimidad con la que otros defienden sus posturas, los socialistas consideramos y reiteramos que no sólo hay un modelo sanitario, sino varios. Que no es lo mismo el modelo de recortes que quitó derechos, que se cargó la universalidad, que implantó copagos y que privatizó hasta la saciedad, que el modelo que defiende el actual Consell. No es lo mismo el modelo del PP, que un modelo que apuesta por la sanidad universal, equitativa, solidaria, eficaz, eficiente, pública y de calidad. Un modelo que recupera derechos, que elimina copagos y que quiere recuperar el sistema público.
Quienes defienden la no reversión dicen que la esencia del modelo concesional son todos los profesionales que trabajan en él. Pues bien, deben saber que todos los actuales trabajadores seguirán trabajando tras la recuperación para el sistema sanitario público el 1 de abril del 2018, tal como viene recogido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Y que su profesionalidad y su trabajo están reconocidos sin duda por la consellería. También deberían saber que la gestión de servicios se mantendrá. Y se ampliará. Y que la conselleria, tal como anunció el president Puig, tiene previsto una serie de inversiones en el Departamento de la Ribera tanto para atención primaria como especializada en áreas como oncología. Que no se preocupen, la calidad -teniendo en cuenta que continuarán trabajando todos los profesionales y que se incrementarán las inversiones- estará garantizada e incluso mejorada.
En sanidad no es bueno generar incertidumbre. Y entre todos deberíamos colaborar ante una decisión legítima tras la finalización del contrato. Una decisión meditada, estudiada y pensada para mejorar la atención sanitaria. Y sobre todo, una decisión que piensa en los ciudadanos, en los pacientes y en los profesionales.
