He de reconocer que me han sorprendido mucho las reacciones ante la postura de Compromís contra el famoso cupo vasco. Y he de reconocer, también, que me ha sorprendido todavía más la decisión de diversos grupos políticos que se hacen llamar progresistas de apoyarlo.

Empecemos. Como es bien sabido, el acuerdo sobre el cupo fue clave para la aprobación de los presupuestos del PP de 2017. El PP conseguía los apoyos del PNV, que sumados a Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canaria ayudaban a Mariano Rajoy a conseguir los 176 diputados necesarios para garantizar, aunque frágilmente, el primer año de gobierno del partido de la corrupción. Por tanto, la aprobación del cupo hoy no deja de ser la aprobación en diferido de aquellos presupuestos y el embrión de un posible apoyo para los presupuestos de 2018 -o, al menos, de lo que quede del año-. ¿Vamos a aprobar la segunda vuelta de los presupuestos lesivos del PP? Obviamente, no.

No obstante, el debate sobre la aprobación del cupo se dirime en un contexto de urgencia y necesidad de reforma del actual sistema de financiación autonómica. En este contexto, ha habido muchas voces (incluso del campo progresista) que han afirmado que el concierto y el cupo son constitucionales. Obviamente lo son. Lo que es de dudosa constitucionalidad es la cuantía del cupo por el efecto que tiene sobre la solidaridad entre territorios. A saber, 1.400 millones de euros en devoluciones de liquidaciones pasadas que se compensarán durante el quinquenio 2017-2020 y un cupo de 956 millones para este año y que servirá de base para los futuros cupos. En resumen, Euskadi, una de las comunidades autónomas con mayor renta per cápita del Estado, pasa a ser receptora neta de recursos aportados, como no, por el resto de autonomías.

¿Es esto solidario? ¿Es esto justo? ¿Es esto redistributivo? Llegados a este punto, mejor echar mano de los expertos en hacienda pública. El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, recalca que el sistema foral permite a Euskadi y Navarra ser mucho menos solidarios que las comunidades que se acogen al régimen común (y esto antes del cupo actual). No hace falta ser muy inteligente para deducir que con el actual pacto, la solidaridad interregional se reduce hasta niveles ridículos. De hecho, si observamos los datos de financiación homogénea -a mismo nivel de competencias- hay diferencias de casi 2.000 euros per cápita entre las comunidades de régimen foral y la peor comunidad en régimen común: la valenciana. En otras palabras, las comunidades forales disfrutan de entre un 40 y 60 por ciento más de recursos.

Y en este contexto, en Compromís nos preguntamos si es aceptable que el dinero fluya hacia las comunidades que menos lo necesitan. ¿Es progresista renunciar a la redistribución de la renta entre persones y regiones? ¿Vamos a regalar las políticas históricamente progresistas de redistribución a los ultraliberales de Ciudadanos? Pues bien, llegados a este punto simplemente vamos a ser coherentes con nuestros principios y alejados de complejos hacer lo que mejor sabemos hacer en Compromís: defender lo que es justo no solo para nosotros, sino para toda la ciudadanía.