Cuando el pasado 27 de octubre el Senado español aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir sobre la Generalitat de Catalunya, e impedir la independencia de esa comunidad autónoma, a continuación aprobó el CETA, el tratado de comercio internacional de la Unión Europea con Canadá. Toda una declaración de subordinación del Estado español a las grandes corporaciones mundiales.

Con frecuencia, ese tipo de tratado se llama de «libre comercio». Y le falta la apostilla de «libre para las multinacionales». Lo que los soberanistas españoles no se han preguntado es: ¿Y a la ciudadanía, le proporciona libertad? Y a las pymes, que son las creadoras más grandes de empleo, ¿les apoya este tratado? La respuesta es un no rotundo.

El CETA es un torpedo en la línea de flotación en la soberanía del Estado español, ya que quedan desprotegidas las pymes españolas, las autonomías y el mismo Estado. La aprobación del CETA significa que las grandes multinacionales podrán poner denuncias en unos tribunales especiales hechos a su medida. Si para un ciudadano medio meterse en un juicio puede suponer un desembolso que no suele estar a su alcance, en el caso del CETA pasa algo parecido con ciudades, autonomías o el mismo Estado. Y eso ya está ocurriendo. Multinacionales extranjeras han denunciado a España por eliminar las primas a las energías limpias. Eiser Infrastructure Limited, firma británica, demandó ante el Ciadi (tribunal del Banco Mundial) al Reino de España, condenado a pagar 128 millones de euros más intereses. Y hay muchas otras denuncias en curso. Y muchos otros Estados ya han pagado cuantiosas multas: Uruguay, Alemania, Canadá...

A los soberanistas españoles esto les suena raro. Cómo no. Los partidos que supuestamente son suyos han votado el CETA: PP, Ciudadanos y la abstención del PSOE (pero votó a favor en el Europarlamento, que es donde se aprobó, tras lo que entró en vigor provisionalmente hasta la aprobación de cada parlamento nacional). De manera que estos partidos, que pasan por ser partidos que supuestamente apoyan la soberanía española, lo que hacen es crear un sometimiento que pone al Reino de España en situación de vulnerabilidad.

Los amigos del CETA son los que hacen las leyes para burlar a la Hacienda pública. Todos esos partidos son los que han promovido leyes para que las grandes multinacionales y fortunas personales defrauden legalmente a la Hacienda española, como se han demostrado en los Papeles de Panamá o los Papeles del Paraíso. Hasta 140.000 millones de euros están fuera del Estado español. Por cierto, más que paraísos fiscales, habría que llamarlos vampiros fiscales.

Los soberanistas españoles harían bien en pedir la independencia de España de las grandes corporaciones y de las grandes fortunas. Y con muchísima fuerza. O tal vez se rompan las clases medias españolas.