Uno de los grandes problemas que afronta la sociedad española (¿deliberadamente oculto, bajo conflictos de banderas o escándalos de corrupción?) es la brecha generacional entre los jubilados o cerca de serlo y las generaciones más jóvenes. Algo que ya se percibía, antes de 2007, pero que ha alcanzado toda su crudeza tras la crisis y la precaria recuperación posterior.
Algunos datos (extraídos del libro El muro invisible, elaborado por el colectivo Politikon) son descriptivos de la delicada situación de los jóvenes, lastrados por trabajos precarios y con dificultades para acceder a una vivienda. Por ejemplo, si el grupo de mayores de 65 años ha mejorado sus rentas en un 5 % desde el inicio de la crisis (gracias al mantenimiento de sus pensiones), los jóvenes de 16 a 24 años han empeorado sus ingresos en un 20 %. Y mientras el riesgo de pobreza ha bajado en un 17 % entre los jubilados, ha crecido en un 16 %, en la franja más joven.
Vayamos al otro lado. El mes de noviembre terminó con la cifra récord de 9.567.000 pensionistas, cuyo coste supuso un pago de casi 9.000 millones de euros lo que implica una pensión media de 925 euros (cifra que oculta que, en los últimos años, se están jubilando personas con prestaciones claramente superiores).
Ante este panorama, ¿qué pretenden los partidos? ¿Mejorar el bienestar de padres jóvenes y menores? No. La intención del Gobierno, ante la incapacidad de la Seguridad Social para hacer frente al coste de las pensiones, es financiarlas con un nuevo impuesto (semejante a la Contribución Social Generalizada, existente en Francia desde 1991). Es decir, se quieren gravar salarios para pagar las pensiones del futuro. Quizá ello se deba a que gran parte de los votantes de PP y PSOE se concentran en la franja de edad más elevada. Pero esa es otra historia.
