El 14 de diciembre de 2006 la aprobación de la de Ley de autonomía personal y atención a la eependencia supuso el primer derecho subjetivo reconocido con carácter estatal en el marco de los servicios sociales. Este gran avance en cuestión de derechos sociales fue una reivindicación histórica de CC OO. Su promulgación fue el resultado de un proceso largo y costoso, fruto del diálogo social y, por tanto, también de la participación y esfuerzo de Comisiones Obreras. Pero más de una década después, el País Valenciano está en la penúltima posición en implantación de la ley. Nuestra lista de espera es de 30.000 personas, los tiempos de resolución de expedientes son dilatadísimos y adolecemos de una frágil aplicación del sistema de atención a la dependencia. Además, las prestaciones económicas soportan casi en exclusiva la recuperación de la cobertura del sistema, con una inapreciable atención a través de servicios profesionales.
Es de justicia que esta organización siga comprometida en la defensa permanente de los derechos de miles de personas que continúan a la espera de un trato digno por parte de los diferentes gobiernos. Denunciando tanto la falta de voluntad política, como la incapacidad de gestión, que impiden remediar situaciones de máxima urgencia. La incapacidad no es una excusa, la inoperancia no remedia una situación dramática que, aunada a la crisis económica y a los sucesivos recortes de los gobiernos en estos años, han dejado a las personas dependientes y sus familias en una situación tan complicada como insostenible. No es suficiente con manifestar la infrafinanciación a la que nos somete el Gobierno del Estado en la atención, inferior a un 13 % cuando la aportación debería ser del 50 %. Lo más terrible es que 18.000 personas han muerto este año en España sin recibir prestación ni servicio, cuando era su derecho.
Tampoco nos resignamos con un reconocimiento al esfuerzo realizado por el Gobierno valenciano o al avance en cuestiones clave como la derogación de los recortes de prestaciones y copago -que se establecieron de manera ilegal por el Gobierno del PP; o el pago a los herederos de las personas dependientes que fallecieron sin tener el derecho reconocido; el pago del derecho a la retroactividad sin fraccionar los abonos; el cambio del procedimiento de reconocimiento del grado y al acceso a las prestaciones y servicio... pese a que han supuesto un avance sustancial con respecto a lo que teníamos, estableciendo una mayor compatibilidad de servicios y mejora de coberturas.
Porque pese a todo no es suficiente, porque aunque haya cambios no deja de ser un modelo continuista de un sistema de atención que no alcanza su objetivo. ¿Qué medidas consideramos necesarias para garantizar la protección de las personas en situación de dependencia?
CC OO-PV propone habilitar instrumentos presupuestarios que posibiliten aumentar la financiación, tanto estatal como autonómica, para asegurar los recursos necesarios para la plena implantación del sistema. Conseguir destinarlos a resolver la lista de espera, y hacerlo mediante la provisión preferente de servicios profesionales. Es urgente incrementar el personal público en el sector para agilizar la tramitación de expedientes; priorizar los servicios sobre las prestaciones sociales de forma que se dé una mayor cobertura y se genere empleo; crear una buena red asistencial de servicio de ayuda a domicilio, poniendo el acento en la acreditación del personal y de las entidades que despliegan sus servicios.
Es necesario que el Gobierno de España recupere las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras no profesionales. Además, debemos exigir una revisión de la intensidad de las prestaciones. Se deben efectuar los pagos de forma inmediata de las cantidades indebidamente cobradas en lo que se refiere a los copagos y los recortes de prestaciones en el País Valenciano. Es preciso retomar el marco de participación institucional de valoración y control de la aplicación de la ley, en la que estamos presentes los agentes sociales, para mejorar la implantación de la ley y dar mayor transparencia al proceso.
El 2018 debe ser el año en el que se aborde un proceso participativo de evaluación de la implantación de la ley, que ayude a la renovación del nivel de compromiso y consenso político y social que dio origen a la misma. Urge abordar cuestiones como la definición de un marco de cooperación socio-sanitario o el reforzamiento de la transparencia del sistema. Tras once años de la puesta en marcha del sistema no cabe posponer por más tiempo un implantación plena, que garantice, a quien necesite protección, una atención en los términos de calidad y suficiencia inicialmente prevista, porque las personas en situación de dependencia tienen todo el derecho a vivir con dignidad.
