Diez mil euros mensuales de alquiler en pleno centro de València para una sede de campanillas. Eso es lo que va a empezar costando la cacareadísima Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana, singular herramienta contra la corrupción administrativa y política, que haría bien en empezar por investigarse a sí misma y los motivos que la llevan a cometer semejante dispendio con cargo a una Generalitat quebrada y dependiente del humor del ministro Cristóbal Montoro en cada jornada.
El director del nuevo organismo, Joan Llinares, y seis de los más de 30 empleados que acabará teniendo este ente fiscalizador añadido, podrán instalarse en breve en su palacete de la calle de Navellos después de estar esperando durante seis meses que las Corts, la Generalitat, la Diputación de Valencia o el ayuntamiento de la capital les asignaran un espacio adecuado para poder desempeñar sus altas funciones. Y como todos les daban largas, posiblemente porque en todas esas administraciones piensan que la agencia es absolutamente prescindible, los Anticorrupción autonómicos se han alquilado 600 metros cuadrados, se han apartado unos cientos de miles de euros para mobiliario y enseres invocando una cierta autonomía económica y empezarán a investigar el 1 de febrero.
Podía haber hecho esto mismo el responsable de la Agencia Valenciana de la Innovación, Andrés García Reche, que no lleva seis meses, sino treinta, esperando a que su entidad despegue e impulse la economía patria, objetivo prioritario de sus promotores, entre los que destaca el mismísimo presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pero en sus carnes está viviendo con crudeza el dicho de que una cosa es predicar y otra dar trigo. Más motivo había en este caso para tomar al asalto el primer palacete que estuviera a mano y reclutar a funcionarios ansiosos de trabajar en la economía productiva, pero parece que los de Innovación son más temerosos de Dios que los de Anticorrupción.
La Agencia Antifraude llegó a este mundo con Podemos como padrino. La formación morada expresó nada más llegar a las Corts Valencianes unos cuantos anhelos (más bien pocos) y exigió que los hermanos mayores del Botànic, PSPV-PSOE y Compromís, los hicieran realidad mientras ellos miraban desde fuera del Govern, como socio externo. Uno de estos empeños fue la agencia, que en su reglamento ha plasmado su naturaleza misma: es sumamente necesaria porque los organismos que la Administración valenciana tiene para garantizar la limpieza de su funcionamiento no han estado a la altura y han dejado que la corrupción acampara en conselleries y entes locales. Bien mirado, no falta razón en el argumento, como se podrá comprobar a partir de mañana en la Audiencia Nacional con ocasión del inicio del juicio del caso Gürtel centrado en la financiación del PP valenciano con una apestosa sucesión de mordidas, comisiones y mangoneos con cargo al dinero del contribuyente y de empresas que se prestaron al juego, voluntaria u obligadamente.
Organismos como las Sindicaturas de Comptes y Greuges, la Intervención General, la Inspección de Servicios o la Abogacía de la Generalitat son señalados por los promotores de la Agencia Antifraude como sordos, ciegos y mudos en los años de plomo de la corrupción que arruinó la imagen exterior de la Comunitat Valenciana, vació sus arcas y llenó los tribunales de justicia de causas por cohecho y prevaricación.
Sin embargo, que todos esos entes o sus responsables de cada momento puedan ser señalados como convidados de piedra al festín de los corruptos no soluciona los problemas de hoy. Las Corts y la Generalitat tienen herramientas y legitimidad para apartar de sus cargos a quienes pudieron no haber sido todo lo diligentes que habrían debido. E incluso para cambiar los estatutos y las funciones de dichos organismos. Pero crear una agencia nueva en plena recomposición (a la baja) de entes y paraetas que conforman el sector público valenciano no parece lo más eficaz ni adecuado, dicho sea con el máximo respeto hacia el legislador y el ejecutivo. Y si la principal herramienta de investigación va a ser un buzón anónimo para que funcionarios o ciudadanos depositen sus asuntos sospechosos, la misión adquiere tintes de sainete. No hay más que recordar el sonoro fracaso de la famosa página web para delatores que puso en marcha Compromís cuando aún no gobernaba. La Administración pública es cosa seria y un buzón anónimo es un oído abierto a venganzas personales y a aspirantes a corruptos que se han quedado fuera del reparto.
Y luego está el problema de las garantías que pueda proporcionar la agencia a sus investigados. Produce risa recordar que el nuevo equipo anticorrupción está diseñado a imagen y semejanza del de Cataluña, donde sus fracasos pueden consultarse en cualquier hemeroteca de España y Andorra, y que el propio director del organismo catalán despachaba con el ministro español de Interior sobre el mejor modo de tener a raya a los líderes independentistas, también con el resultado de todos conocido. Es deseable que Llinares y su equipo tengan más suerte que sus colegas del norte aunque hayan empezado con tan mal pie en cuestión de sede. Esos diez mil euros mensuales de alquiler son una carta de presentación llena de lamparones. La austeridad y la prudencia han de ser la marca de la casa, de toda la Administración, pero el recién nacido se ha hecho recibir con abundante despliegue de pólvora que no es del rey, sino republicana, como el sentir que impregna a sus valedores.
La imagen de la mujer en las Fallas
Esta vez no ha sido Pere Fuset, sino su compañera, la concejala de Igualdad de València, Isabel Lozano, quien ha puesto el dedo en otra llaga relacionada con las Fallas. Como presidenta del Consell de Dones de la Ciutat, y con el apoyo de numerosos colectivos, ha decidido impulsar una subcomisión que analice, revise y haga propuestas sobre la imagen de la mujer en los monumentos falleros. Y su inciativa merece todo el aplauso y todo el apoyo. Las fallas son sátira, crítica, ingenio y gracia, pero ya no es tiempo de Bernat i Baldoví. La sociedad evoluciona, desarrolla nuevas sensibilidades y no hay un solo motivo que justifique que la figura femenina sea por desgracia, y tan a menudo, tratada como carne exhibida en un mercado hipersexual. No se trata de censurar a los artistas falleros, sino de pedirles, a ellos y a las comisiones que encargan y pagan sus obras, que mantengan todo su arte sin caer en el agravio y el mal gusto.
