Estos días se celebra el 20º aniversario del suicidio asistido de Ramón Sampedro, con su lucha por el derecho a elegir la propia muerte que inmortalizó la magnífica película Mar adentro, interpretada por un impecable Javier Bardem. Recordemos que Ramón vivió 30 años postrado, al haber quedado tetrapléjico a consecuencia de un accidente, con tan solo veinticinco años. Finalmente se suicidó con la mínima colaboración necesaria, y sin conseguir que la justicia se lo permitiera legalmente, el 12 de enero de 1998. A Ramón Sampedro no le dolía nada, no era un problema de cuidados paliativos, sino de derecho a decidir sobre el final de la propia vida.
Durante estos veinte años nada ha avanzado a nivel legislativo, pero sí en la sociedad española, que mayoritariamente está a favor de legislar la eutanasia: cuatro de cada cinco personas -según una encuesta de Metroscopia- lo apoyan. Sin embargo, recordemos que el pasado mes de marzo no tuvo suficiente respaldo de los partidos políticos, ni siquiera para comenzar a debatir en el Congreso el proyecto de ley presentado por Unidos Podemos. El PSOE, que en varias ocasiones dijo que apoyaría una ley de eutanasia, se abstuvo, igual que Ciudadanos, impidiendo de facto que progresara. Da la sensación que los temas son buenos o malos dependiendo del partido que los proponga.
En un país llamado España, que cuando se pone a avanzar en legislación social se pone de verdad, como demuestran la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo o la despenalización del aborto, curiosamente ante algo mucho más consensuado como la necesidad de una ley garantista sobre eutanasia, los políticos se echan atrás. ¿Será porque en esta ocasión no hay un lobby poderoso haciendo presión mediática y política? ¿No basta con la razón común y las estadísticas para que los políticos obedezcan la opinión mayoritaria? ¿Cuánta gente debe continuar sufriendo o cuánta otra arriesgarse a la cárcel por ayudar a dejar de sufrir?
A nivel valenciano hemos asistido a un avance importante con la aprobación del proyecto de ley de muerte digna, que abordará mejoras en las decisiones de intervención médica consensuada al final de la vida y en los cuidados paliativos, pero sigue pendiente a nivel nacional la necesaria ley de eutanasia.
El verdadero progreso de una sociedad no reside en la creciente sofisticación tecnológica para evadirnos mejor de la realidad o para lograr que las máquinas sustituyan nuestras destrezas y nuestro trabajo, sino en la dignificación de la vida y de la muerte, aumentando el grado de autodeterminación de las personas -eso que llamamos libertad para decidir- empezando por el propio cuerpo, con el inicio de la vida y con su final, libremente elegidos.
