De las elecciones catalanas del 21D se esperaba que pudieran ser el principio del fin de la fuerte inestabilidad política que Cataluña padece desde que Artur Mas convocó el pseudo-referéndum del 9 de noviembre del 2014. Más allá de sus responsabilidades judiciales, de las que tendrá que responder más pronto que tarde ante el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo, el daño que este hombre con su irresponsabilidad y oportunismo ha causado a Cataluña es incalculable.

En un Parlament con 7 partidos con representación, para simplificar un poco el panorama es frecuente agruparlos en dos bloques: el constitucionalista formado por Ciudadanos, PSC y PP y el independentista que agruparía a Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP. En un teórico punto equidistante entre los dos bloques se situaría Catalunya en Comú, filial catalana de Podemos. Digo teórico, pues a la hora de la verdad con su actuación política, sin ir más lejos en la elección del president del Parlament, con su abstención facilitaron la elección de un miembro de ERC.

A su vez, a estos bloques les une más lo que no quieren que lo que quieren, pues las diferencias entre los partidos que los conforman son notorias. Centrándonos en el independentista, mientras que JxCat hace innegociable, al menos en público, que el prófugo de la justicia Carles Puigdemont sea de nuevo president de la Generalitat, ERC tiene más dudas sobre que sea viable un president que vive en Bélgica, y que de momento no parece que tenga intención de volver a España, sabedor que su vuelta no le llevaría a la Plaza de Sant Jaume sino a la prisión de Estremeras. Puigdemont poniendo una vela a Dios y otra al diablo, mientras sigue dando la tabarra con que es el president legítimo de los catalanes, prepara la documentación para acceder a la situación de español residente en Bélgica. Siempre puede repetir el estatus del conde de Barcelona, Juan de Borbón, que mientras mantenía la figura de pretendiente a la Corona española durante más de 30 años, residía en Estoril con una vida al parecer muy confortable.

El recién elegido president del Parlament, Roger Torrent, manifestó en su discurso de presentación como tal, un talante muy diferente a su antecesora Carme Forcadell, que sólo parece haber recuperado la cordura después de pasar una noche en prisión, mientras la ANC reunía los 150.000 euros de fianza para obtener su libertad provisional. La prisión o su mera amenaza parece tener profundos efectos psico-políticos en los «héroes del 1-O», pues a la irredenta independentista Forcadell solo le faltó cantar Soldadito español ante el juez Llarena. Volviendo a Torrent, en su discurso de presentación hizo una llamada a «coser la sociedad catalana», que sin duda sufre una fuerte fractura interna, de la que son los principales responsables los independentistas que confundieron la parte con el todo.

Difícil tarea se ha autoimpuesto Torrent. La CUP, la pata pequeña de la ajustada exigua mayoría independentista, pero imprescindible para alcanzarla, ya criticó duramente su discurso por no aludir en él a «la materialización de la República catalana». Para que se cumplan los acuerdos con la formación política mayoritaria del independentismo -JxCat- la Mesa del Parlament deberá apoyar hoy la modificación de su reglamento, para que sea posible la elección telemática del pretendiente como president. Esto, además de ser una elección de efecto placebo, pues el Gobierno central, con toda la razón, ya ha anunciado que la recurrirá inmediatamente al Tribunal Constitucional, llevaría muy probablemente al inicio de acciones legales contra uno de los pocos líderes independentistas hasta ahora impoluto.

Torrent, el hombre clave del momento en la compleja partida de ajedrez del Principat, es uno de los hombres de confianza del último actor importante de este drama o sainete: Oriol Junqueras. Poco se sabe de él excepto que, cual fray Luis de León en las mazmorras de la Inquisición, se dedica a orar y reflexionar. Insiste una vez tras otra en que se le traslade a una prisión cercana a Barcelona para poder asistir regularmente a las sesiones del Parlament del que es diputado. Curiosa pretensión ésta, pues los presos, preventivos o con condena firme, precisamente por ser tales, están privados de la libertad de ejercer su actividad profesional regularmente.

En fin, habría que tener dotes de adivino para saber la salida a este laberinto. Si tuviera que indicar cuál es la opción más probable, diría que habrá nuevas elecciones a finales de mayo de este año y hasta entonces se prolongará la aplicación del artículo 155. Salvo que los partidos independentistas sepan orillar sus cuitas internas, y sortear la grave dificultad que para ellos supone que de momento 8 de sus 70 diputados estén imposibilitados de asistir al Parlament, por estar encarcelados o prófugos de la justicia en Bélgica.