Nada será igual, para bien o para mal, tras el paso del terremoto Gürtel. Las sacudidas de los hombres de Francisco Correa y, sobre todo, de Ricardo Costa, uno de los que lo fue todo cuando la Comunitat Valenciana se parecía a Florida (lo del símil con California fue más de la época de Zaplana) van a provocar cambios importantes en la dinámica administrativa, social y política al margen de lo que la Audiencia Nacional determine en su sentencia.
De nuevo en el lodazal. Han bastado dos semanas de juicio por la trama de financiación ilegal del PP valenciano para que la Comunitat vuelva a ser un inmenso charco de lodo en el que chapoteamos todos. Pese a los esfuerzos de gobierno, oposición, colectivos sociales, culturales y hasta deportivos, las páginas, las pantallas, las tabletas y las tertulias devuelven a la Comunitat Valenciana la etiqueta de ´tierra de corruptos´. La remontada reputacional a la que se suele referir el presidente Ximo Puig en sus intervenciones públicas se ha detenido de repente y cae ladera abajo a golpe de declaraciones y confesiones tanto dentro de la sala de justicia como fuera, con las reacciones del cuerpo social. Habrá que plantearse más cambios, y más rápidamente, para convencer al mundo entero de que las prácticas mafiosas que salen a la luz en la vista oral, protagonizadas por un partido hegemónico, por empresarios que crecieron a la sombra de ese poder corrompido, y por intermediarios y comisionistas que se exhibían con grandes puros en las bodas de Estado no son posibles hoy en día y sólo producen condena y sonrojo.
Un nuevo contrato público-privado. Afirma el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, que la inmensa mayoría de las 500.000 empresas valencianas se conduce por buenas prácticas y que la corrupción solo ha anidado en unos pocos. Seguro que tiene razón, pero entre los empresarios está extendida la convicción de que si no dan, no reciben. En puertas de una nueva burbuja inmobiliaria, estremece el relato del expresidente de la patronal de la construcción de Castelló, Vicente Monzonís, que cuenta que para obtener una adjudicación había que pagar un 3 % y que el resto, hasta el 30 % en ocasiones, se dirimía en los sobrecostes de las obras o los servicios. En la tierra de los sobrecostes estaba asentado un fraude de ley concebido para enriquecer a unos pocos: una adjudicación inicial a la oferta más barata; una serie de complicaciones que van encareciendo el proyecto; la complicidad de todas las partes, incluso la funcionarial, y el desprecio más absoluto a la Ley de Contratos del Estado, que permitía sólo el 20 % de incremento de costes por modificaciones y otro 20 % por complementos, debidamente justificados en ambos casos. ¡Cuántos sobrecostes han sido autorizados por encima del 100 y del 200 %! Y ningún empresario protestaba por el hecho flagrante de que hubiera quedado desvirtuada la adjudicación inicial, la elección de la oferta más barata que al final resultó la más cara. Temían quedarse fuera en el siguiente concurso.
Por ese motivo merecen especial mención decisiones valientes, como el que la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà adoptaba hace unas semanas con la cancelación de los contratos para la construcción de dos colegios por los sobrecostes a los que estaban abocados. Se acabó. Tardarán más, pero triunfarán la ley y el sentido común. Nadie se plantaba ante la corrupción, como ha confesado Ricardo Costa en el banquillo.
La sociedad honrada exige transparencia, y no se conforma con la publicación en una página web de lo que ganan los políticos. Los contratos se siguen troceando en partes para que los ganen los afines; la lentitud de la Administración sigue generando intereses de demora y facturas en los cajones, que constituyen otra forma de fraude; las empresas cuyos administradores o gestores se vean condenados por casos de corrupción deben perder la condición de contratistas del ámbito público... No debería quedar lugar para la sospecha en las relaciones entre las instituciones y las empresas. Por salud democrática. Por higiene social.
Camps se va, Pons se queda. En lo político, los cambios de Gürtel se limitarán necesariamente al partido en el que creció la red de Correa, y serán profundos. El expresidente Camps podrá permanecer el tiempo que desee en el Consell Jurídic Consultiu, pero el aire se le hará cada día más irrespirable en el palacio de la plaza de San Nicolás. Si, como parece, el exmandatario queda fuera del alcance de la justicia por haber prescrito su posible actuación ilítica en el caso Gürtel, la presión será mayor cuando se juzgue el caso Valmor, la gestión de la Fórmula 1 que iba a salir gratis y acabó siendo otro pantano de gasto incontrolado y corrupción. A partir de ahí, o quizás antes, el PP empezará un proceso de depuración. La presidenta de los conservadores valencianos, Isabel Bonig, quería refundar el partido, incluso cambiándole el nombre. No le dejaron, pero ahora no tendrá más remedio. De momento, el mirlo blanco se quedará en Bruselas. Esteban González Pons, el preferido de la afición conservadora para la Alcaldía de València, se va a quedar en las instituciones europeas. Él no quiere competir por la alcaldía, y los implicados en el caso Gürtel le han echado una mano pronunciando su nombre en sus declaraciones. Él estaba allí, participaba en las decisiones, en los procesos, como parte del ´clan del Agujero´ el bar en el que mataban los ratos los estudiantes de Derecho Francisco Camps, Gerardo Camps y él mismo.
Esteban González es el preferido de las encuestas, pero él quiere quedarse a hacer carrera en Europa, y todo quedaba fiado a que Mariano Rajoy hiciera la llamada y convenciera al eurodiptado de su elevada misión. Lo que ocurre es que ahora ya González es un candidato con los tobillos de cristal y puede que cuando llegue el momento ni siquiera esté Rajoy para hacer esa llamada. La sombra de Gürtel es alargara y aún no se sabe hasta dónde llegará.
Descartado Pons, cobra fuerza la figura de María José Catalá como candidata a la Alcaldía de València. La presidenta Isabel Bonig la envió a los leones en las Corts, a defender la abstención del grupo ante el acoso a Camps, y la ex alcaldesa de Torrent y exconsellera de Educación salió bien parada. El único obstáculo ue separa a Catalá de la nominación a la alcaldía de la capital es que fue primera edila de Torrent, un obstáculo irrelevante para uno de los principales activos del Partido Popular. El reto de la capital es muy grande, y en vista de que la Generalitatat está hoy fuera del alcance pero la ciudad está a tiro de los populares, la alternativa de Catalá emerge como una sólida opción de futuro. Habrá que ver cómo reacciona la estructura interna de los conservadores ante una figura que puede hacer sombra a la propia Bonig.
