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À Punt, un mar de dudas

Es admisible que 579 de los 632 miembros de las bolsas de trabajo de À Punt, una entidad pública, sean extrabajadores de Canal 9?

¿Es aceptable que en 18 de las 32 bolsas de trabajo todos los admitidos procedan de la antigua televisión autonómica?

¿Alguien tiene algún argumento para defender que se ha mezclado la experiencia con la oportunidad a los jóvenes en las bolsas de trabajo de À Punt?

¿Quién se atreve a sostener que no se han dado excesivos privilegios a los extrabajadores de la antigua televisión autonómica?

¿Los miembros del Consejo Rector que han aprobado el baremo de méritos consideran que ha sido justo?

¿Empar Marco, directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), considera que se ha cumplido la premisa de que 'la plantilla no puede ser la misma' que la de la anterior RTVV?

¿Empar Marco va a dejar la dirección del ente porque ya advirtió de que «si queríamos una plantilla como» la de la época anterior «yo no era la persona para hacer esto»?

¿Es ético haber cobrado una indemnización por despido de dinero público para meses después volver a trabajar en la que, por muchos argumentos legales que se aduzcan, razonablemente no deja de ser más que una continuación de Canal 9 con diferente razón social?

¿Hay alguien capaz de garantizar que las emisiones de la nueva televisión superen el 3 por ciento de audiencia?

¿Qué razones nuevas hay para confiar en que los mismos profesionales que estuvieron en una televisión pública que alcanzó mínimos de credibilidad puedan revertir esa situación?

¿Qué pasará si el recurso contencioso-administrativo de la Unió de Periodistes paraliza temporalmente la constitución de las bolsas?

¿Y qué sucederá si en las próximas elecciones À punt sigue sin ponerse en marcha y el PP se hace con el gobierno autonómico?

¿Abandonará el proyecto emprendido por el tripartito?

¿Habrá que pagar más indemnizaciones?

¿Realmente era necesaria una nueva televisión autonómica?

¿No había otras prioridades sociales más trascendentales para invertir más de cincuenta millones de euros anuales?

¿El PSPV llegará a reconocer en algún momento que se la han colado con la futura televisión autonómica?

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