La financiación ilegal de los partidos políticos -sobre todo del PP, y especialmente del PP de la Comunidad Valenciana- tiene mucho de engaño sistémico: no se trata de algo que ocurre excepcionalmente, sino que parece haber sido parte del engranaje habitual de su funcionamiento interno. Una práctica ilícita que ha tenido su equivalente en la financiación irregular de Convergència Democràctica de Catalunya, con el caso Palau como colofón. Nace de esa conocida idea de la politica como negocio, en estrecha unión con los constructores y demás empresas de servicios. Resulta verdaderamente difícil limpiar la cara de la política española con esta plaga que padecemos desde hace bastantes años, al igual que el nombre del PP, cuyo presidente nacional siempre dice que no sabe anda ni asume responsabilidades.

Convendría brevemente revisar cómo funciona la cosa: la práctica ilegal se niega sistemáticamente por todos hasta que algunos personajes menores como El Bigotes o Correa, un tanto hartos de estar en prisión y buscando que alguna verdad pueda disminuir sus penas, empiezan a delatar a los políticos que les encargaban las actividades. A partir de ahí, se inicia una cadena de acusaciones en ascenso piramidal que ya empieza a salpicar al President de entonces, Francisco Camps. Recordemos que, hasta hora, el expresident ha sido investigado por el caso de la Fórmula-1, los regalos de los trajes, y también ha sido acusado públicamente de copiar su tesis doctoral -hecha en un tiempo récord que no es compatible con un trabajo de investigación de estas características.

Acusado por Ricardo Costa, Secretario General del PP de la Comunidad Valenciana por aquel entonces, cada vez le va a resultar más difícil no ser investigado de nuevo. Mientra tanto, Camps sigue gozando de su puesto casi vitalicio -por 15 años- en el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Es decir que un President puede estar, por ejemplo, cuatro años en el cargo y, como premio, tiene un contrato de 15 en el citado Consell Jurídic, independientemente de lo gloriosa o desastrosa que haya sido su gestión de gobierno. Que quede claro que en nada legitima a la institución esta ley de expresidentes, que los premia sin tener en cuenta la revisión histórica de su ejercicio en un puesto de tan alta reponsabilidad. En un país como el nuestro, con una importante crisis económica sistémica y golpeado por la también sistémica corrupción, no ayuda a a mejorar nuestra percepción de la clase política como una élite que se autodefiende. Recordemos que la financiación ilegal del PP ha contribuido al expolio de las escasas arcas públicas, detrayendo para actos de partido dinero que podría haber servido, entre otras cosas, para mejorar la educación o la sanidad.