Los morosos con Hacienda van a una lista. El escarnio público es parte del precio que pagan por robarnos. Aunque sólo están los vips: o la deuda supera el millón de euros o eres un don nadie. Demasiada exquisitez. Nos encanta una lista. La del súper, la de tareas pendientes, la de bodas... pero cuando se trata de poner nombre a ciertos desalmados aparecen barreras absurdas.
Un millón de euros es un tope elevado. Y si el delito fiscal está cuantificado en 120.000 euros, que alguien me explique por qué no se someten a la difusión pública los deudores por encima de esa cifra. Somos demasiados generosos. O un país de piratas. Si con esa barrera trincaron 15.000 millones de euros a más de 4.500 ciudadanos y entidades el año pasado, nos quedaríamos sin tinta para imprimir el resto de nombres. Personajillos insolidarios que siguen, bajo el anonimato, al lado de nosotros.
Muy distinto a lo que pasará en Francia. Allí la transparencia se impone con el final del secreto fiscal. Se conocerá, según pretende su presidente, Emmanuel Macron, la identidad de todos los que pillen defraudando y, en caso de haberlos, también los acuerdos de pago. Consideran los franceses -y aciertan- que quienes roban a sus compatriotas deben ser más visibles a todos. Muy distinto a lo que sucedió en España con aquella infame amnistía fiscal de 2012, un gran cambalache del que nunca sabremos la verdad.
Nombrar y avergonzar es el lema antifraude francés y sobre todo del mundo anglosajón, implacable con aquellos que incumplen a diferencia del mal entendido concepto de la protección de datos que tenemos aquí. Preservar la identidad tiene sus límites. Y esa frontera es el derecho a saber quién es el culpable de tener menos médicos, menos colegios o menos prestaciones por desempleo por no pagar impuestos.
Situaciones extrapolables a otros ámbitos donde ese lema debería ser una prioridad. Como las empresas que han convertido el abuso laboral como forma de actuar plenamente incorporada.Salarios por debajo de lo estipulado, pagos en dinero negro, jornadas de trabajo interminables o contratos encadenados de forma fraudulenta son algunas de las prácticas de estos mercenarios. Un comportamiento que merece, junto a una ejemplar sanción, la máxima reprobación y un puesto de honor en los listados públicos de incumplidores.
Actuación idéntica a exigir a los centros que ejecutan políticas de discriminación salarial en detrimento de la mujer, con permiso de Rajoy, a quien la brecha sexista no parece que vaya con él. El presidente Rajoy espetó, sin menear sus gafas, un «no nos metamos en eso», eludiendo toda responsabilidad. Entendiendo que no tuvo su mejor día, que pida la legislación de países como Islandia o Alemania a ver si comprende que sí es un asunto de Estado. Con mucho ojo debería andarse, no vaya a ser que se pongan de moda más listados y encabece el de políticos de nombrar y avergonzar.
