RTVV se cerró como un epílogo más delos días de vino y rosas que protagonizó el PP durante más de 20 años en la Comunitat. Se renunció a hacer las cosas bien y el dimensionamiento razonable de la televisión pública valenciana, a través de un ERE, fue declarado nulo por los tribunales debido al sectarismo de los dirigentes de dicha televisión, dependientes del Consell de entonces. No hubo más remedio que cerrar, se nos dijo, y en el ERE se pactaron derechos de ingreso preferente en la nueva RTVV, que se pudiera crear, para los extrabajadores de Canal 9.
No recuerdo que entonces se formulara crítica alguna a los representantes de los trabajadores por aquel acuerdo y sí mucho apoyo por parte de todos los grupos políticos entonces en la oposición. Y pasó el tiempo y vinieron nuevos gobernantes y se prometió una nueva televisión valenciana y los ex de Canal 9 se convirtieron en un problema.
Tras muchos avatares, por todos conocidos, se pacta un baremo para la incorporación de trabajadores a la plantilla de À Punt con carácter provisional hasta la convocatoria del correspondiente concurso-oposición y ¡qué sorpresa! se plasma en dicho baremo el derecho preferente en favor de los extrabajadores de Canal 9 a ser contratados, tal como se había pactado. La consecuencia: que un elevadísimo porcentaje de los trabajadores de Á Punt lo fueron de Canal 9.
Este hecho es el resultado del cumplimiento de un acuerdo y de un baremo que estimamos cumple escrupulosamente con la legalidad, por lo que no debería ser objeto de escándalo por parte de los distintos grupos políticos ni llevarles a seguirle el juego a quienes contraponen los derechos de los que nunca trabajaron en Canal 9 con aquellos que sí lo hicieron.
Se dice que se está imposibilitando el acceso de toda una generación de periodistas a la nueva televisión valenciana, como si una televisión fuese sólo cosa de periodistas, pero uno se pregunta: si se hubieran hecho las cosas bien y la plantilla de 1.600 trabajadores de Canal 9 se hubiera quedado en 500 ó 600, tal como razones de evidente viabilidad económica aconsejaban, ¿cuántos trabajadores de fuera de Canal 9 se habrían incorporado a su plantilla? Fácil respuesta: ninguno. A sensu contrario, ¿cuál sería el porcentaje de ex Canal 9 en la nueva, o mejor dicho remozada, televisión? También es fácil: el 100%. ¿Por qué escandaliza entonces que haya en À Punt más de un 85% de ex de Canal 9? Aquí la respuesta es bastante más complicada.
Este conflicto jamás debería plantearse entre trabajadores, ni lo han creado ellos ni se les puede reprochar que defiendan su legítimo interés al trabajo y a ganarse el sustento con él. Que una generación de periodistas y otras profesiones vean limitado su incorporación a À Punt no es culpa de los ex de Canal 9. Cualquier trabajador que ocupa un empleo, bien sea en una fábrica o en un periódico, ¿coarta por ello el derecho al trabajo de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral?
Seamos ponderados, los trabajadores de À Punt lo son con contrato temporal hasta que se abra el concurso-oposición que determine a los objetivamente más cualificados para incorporarse a su plantilla con contrato indefinido, y esto vale también para los que provienen de Canal 9. Se trata, por tanto, de exigir que cuanto antes se convoquen esas plazas y la nueva televisión se ponga en marcha y salga de su provisionalidad.
No enfrenten a unos trabajadores con otros artificial e interesadamente por la disputa de un bien escaso como lo es el trabajo, especialmente si éste es estable y de calidad; ni trasladen responsabilidades que son estrictamente políticas a trabajadores que defienden el cumplimiento de lo pactado en un ERE que destruyó la empresa para la que trabajaban y con ello su medio de vida.
Por último, los valencianos tenemos derecho a una televisión pública, no somos ni más ni menos que cualquier otra comunidad autónoma española, por lo que no es excusa nuestra infrafinanciación para renunciar a ella, sino un acicate más para exigir la financiación que nos corresponde y una televisión viable y de calidad.
