Volveremos a ver dentro de otros siete años cómo ciertos funcionarios de la Ciudad de la Justicia fichan y se van de compras, o a desayunar, o a llevar a sus hijos a la guardería, o a mandar wasaps desde el coche con total impunidad? Probablemente sí, porque da la impresión de que nadie quiere corregir la situación. Hemos entrado en una especie de peligroso juego de la dilación. Y ese juego tiene sus ventajas, evidentemente: no hay enfrentamientos con los funcionarios. Pero también sus desventajas: el problema se enquista y provoca una escandalosa sensación de impunidad. Y, por supuesto, sus responsabilidades: a los gestores de las Administraciones públicas se les paga para que eviten las prácticas fraudulentas, no para que se escondan detrás de las cortinas.
La Conselleria de Justicia asegura que se va a poner manos a la obra, que va a reforzar los controles de entrada y salida de los funcionarios, que se va a extender la aplicación del sistema Cronos...
Con el paso del tiempo, sin embargo, veo cómo se extiende sobre mí la pátina del escepticismo y cómo se van reduciendo las expectativas que despierta la fe. He aprendido que hay muchos tipos de respuestas a los problemas. Las espontáneas, las razonadas, las originales, las maduradas, las que salen del estómago, incluso las forzadas por las circunstancias, esas que cumplen una encomienda temporal simple: salir del atolladero.
De esas últimas tenemos más de un lustro de experiencia. Hace ya siete años, en las páginas de este periódico Ramón Ferrando denunció una situación similar a la que ahora han recogido las cámaras de televisión de Cuatro. Resulta como mínimo sorprendente que la única consecuencia que parece haber tenido la denuncia de Ramón fuera para él mismo. Conviene recordar ahora el boicot al que le sometieron en la Ciudad de la Justicia por desvelar unas actitudes que deberían entenderse como insultantes para el resto de los funcionarios que cumplen. La fotografía y el nombre de Ramón llegó a colocarse en lugares visibles de algunos juzgados con total impunidad animando a boicotearle. Una conducta muy poco ética, muy corporativista y complicada de entender. ¿Era un apoyo explícito a esa minoría de funcionarios que se burlan de todos los que pagamos sus salarios?
Pues bien, una vez aparecida la denuncia en la prensa, el entonces conseller de Justicia de infausto recuerdo para la Administración autonómica, Rafael Blasco, anunció «correctivos contra las «indignantes y reprobables conductas» -madre mía con la frasecita vista con la perspectiva del tiempo y de quien la pronunció- (26 de enero de 2011).
Al día siguiente, el 27 de enero de 2011, la situación de fraude continuaba casi con la misma impunidad. Pasados cuatro días más, con un fin de semana por medio, la conselleria ultimaba un plan para acabar con el problerma, anunciaba que varios funcionarios iban a vigilar el correcto cumplimiento horario y... hasta la fecha. Nada se sabe de expedientes ni de sanciones. Dicho todo esto, y desde un punto de vista del agnosticismo, ¿por qué debo creer ahora que se va a resolver el problema?
Parece mentira que los propios funcionarios perjudicados por estas prácticas de una «minoría» no hayan sido los que hayan presionado a la Administración de Justicia para que detenga el fraude. Si todo el esfuerzo y la entrega que se derrochó en atacar al periodista que lo denunció se hubiera empleado en atajar el problema, no estaríamos siete años después hablando de lo mismo. Da la impresión de que nadie se atreve a hincarle el diente de verdad a estas vergonzosas prácticas.
¿Será la consellera Gabriela Bravo? El tiempo lo dirá, pero no tiene buena pinta después del kafkiano duelo sobre quién tiene las competencias para actuar contra los funcionarios emprendido entre la propia consellería que dirige y los Letrados de la Administración de Justicia. Lo veremos dentro de siete años.
