Las elecciones catalanas del 21D representaron un éxito de la normalización lograda con el 155. Indudable. Pero mostraron también los límites del método de Mariano Rajoy para afrontar la poliédrica realidad. Porque el secesionismo -pese a su fracaso en la independencia- logró mantener su mayoría absoluta y además el PP sufrió un varapalo (sólo obtuvo 4 diputados cuando tenía 11) frente a Ciudadanos, que saltó de 25 a 36.
En enero ya se vislumbraron las consecuencias: parálisis política en España pues el PNV no quiere votar los presupuestos con el 155 vigente, fuerte subida de Cs en las encuestas, y aparición de lo que Pedro Sánchez definió (en Antena 3) como «pugna neoconservadora». Pero ha sido en febrero cuando más se han visualizado los graves efectos del 21D sobre la gobernabilidad lograda por Rajoy con los presupuestos del 2017. Ximo Puig lo ha sintetizado bien: «España está paralizada, parece que la política catalana ha generado una hegemonía abrasiva respecto a la española».
Y esta «hegemonía abrasiva» está degradando la política española -la catalana ya lo estaba- hasta extremos ridículos. Quizás la censura de Ifema, controlada por la Comunidad de Madrid (PP), en Arco a la obra Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, que alude a los políticos catalanes encarcelados por el Supremo, sea la máxima expresión de esta degradación. El prestigio mundial de Arco ya había descendido desde el abandono de las galerías americanas. Pero que en una feria de arte contemporáneo se censure una obra por motivos políticos -cuando la provocación es habitual en la expresión artística- indica demasiadas cosas: histeria del PP respecto a la crisis catalana, supeditación a ella del respeto a la libertad artística, despreocupación por el posible daño causado a Arco y a la propia marca España, y altas dosis de estulticia operativa.
El PP, Cristina Cifuentes como mínimo, sólo ha logrado aumentar la notoriedad de una obra sobre los que la mayoría de catalanes (no sólo soberanistas) creen que son presos políticos, y además dopar los beneficios de la galerista Helga de Alvear y la marca del artista. Y el ridículo ha sido tan aparatoso que el ministro Méndez de Vigo tuvo que declarar en TVE (24 horas después) que el Gobierno no sabía nada de nada. E Ifema se vio condenada al papelón de pedir excusas. Nadie ha salido bien librado de este estúpido lance, excepto la alcaldesa Manuela Carmena y Cs, que ha sido fiel -esperemos que no sea excepción- a su definición liberal y que ha sido más coherente que la portavoz parlamentaria del PSOE, víctima de una acusada falta de reflejos.
Pero lo de Arco no es una excepción, sino un síntoma de la desorientación y la pelea interna del centroderecha en su carrera por enfundarse la bandera española frente a la crisis catalana. ¿Cómo, si no, juzgar la felicitación del pasado fin de semana de Mariano Rajoy a Marta Sánchez por haber puesto letra al himno de España y la de Albert Rivera, que elogió el «gesto de valentía» de la cantante hasta ahora residente en Miami? ¿No saben que el himno de España no tiene letra como fruto de un amplio consenso político?
La desorientación tiene un tinto más grave cuando el Gobierno -al parecer incitado por María Dolores Cospedal y el aparato de Génova- habla un día de cambiar, al amparo del 155, la normalización lingüística en Cataluña y pocos días después, y tras una sentencia del Constitucional contra la ley Wert (el ministro que dijo que había que españolizar a los niños catalanes), debe admitir no poder hacerlo. Al menos, el democristiano Méndez de Vigo sabe rectificar.
Y el nerviosismo también sube en Cataluña, donde el independentismo se está demostrando incapaz de pactar y de formar un gobierno que intente alguna normalización y tenga la voluntad de «recoser» Cataluña, como sugirió Roger Torrent en su primer discurso como nuevo presidente del Parlamento. En ERC y en el PDeCAT se va imponiendo el realismo y querrían gobernar ya, pero para Carles Puigdemont y su veintena de diputados irreductibles la prioridad es otra: defender la legitimidad de la república. ¿Sólo el 21,6 % que votaron a Puigdemont son catalanes legítimos?
El 4 de marzo de Roma y Berlín
El próximo domingo 4 de marzo será relevante para la estabilidad política de Alemania y de Italia (la primera y la tercera economías del euro) y, por tanto, tendrá gran influencia sobre el futuro de Europa.
En Alemania, los 460.000 adheridos al SPD deben ratificar el acuerdo con los democristianos de Angela Merkel para otros cuatro años de gobierno de gran coalición. Tras las elecciones de septiembre -en las que tanto la CDU como los socialistas fueron severamente castigados-nadie en el SPD quería renovar la gran coalición. Pero el fracaso de las negociaciones de Merkel con los liberales (derecha) no ha dejado prácticamente otra opción, pues una repetición de elecciones podría llevar al ascenso de la ultranacionalista Alternativa por Alemania (AfD), que ya es el tercer partido en el Bundestag. El SPD no tenía, pues, casi otra alternativa, y además los votos perdidos no han ido a su izquierda, sino a la AfD. Pero una tercera gran coalición con Merkel -algo en principio excepcional- genera incomodidad y el resultado es incierto.
En la CDU también ha habido muchas protestas. El ala conservadora cree que Merkel ha cedido demasiados ministerios importantes al SPD (en especial Hacienda) y la autoridad de la canciller no es ya la misma que antes de las elecciones. Merkel ha intentado frenar la crisis con el nombramiento de una nueva secretaria general del partido, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), centrista, que hasta ahora era presidenta de la región del Sarre y que podría ser su futura heredera. Para el francés Emmanuel Macron y sus planes de relanzar la UE es vital que el SPD apruebe el pacto con Merkel y Alemania deje de tener un gobierno interino.
En Italia, las cosas son más complicadas. Los últimos sondeos indican que la coalición de derechas montada por Silvio Berlusconi será la primera fuerza por delante de Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo y del Partido Democrático de Matteo Renzi. Pero la gobernabilidad será difícil. Y cabe la posibilidad de que el partido de la coalición de Berlusconi con más diputados sea la antieuropea y muy contraria a la inmigración Liga Norte. En tal caso, y si la derecha lograra la mayoría absoluta (no imposible), su líder Matteo Salvini exigiría ser primer ministro. Una perspectiva que genera mucho temor en Bruselas y que ya ha provocado unas declaraciones de Jean-Claude Juncker que han alarmado a los mercados. El nerviosismo ha subido porque una cosa es Berlusconi y otra Salvini, al que algunos consideran el Marine Le Pen italiano.
