La magia no es suficiente. Los ciudadanos están dispuestos a abuchear incluso a sus líderes de referencia si éstos no están a la altura de las expectativas. Está ocurriendo estos días en el barrio del Cabanyal, en València, donde buena parte de sus vecinos recibió como un bálsamo la victoria de los partidos del Pacte de la Nau -Compromís, PSPV-PSOE y Podemos en Comú- hace casi tres años porque les libraría de las máquinas que iban a derribar el barrio conducidas por la alcaldesa popular Rita Barberá para llevar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el paseo marítimo.
Pero la confianza hay que ganársela. El presidente Ximo Puig y el alcalde Joan Ribó ya se llevaron una pitada pública en su última visita conjunta al antiguo barrio de pescadores, donde desde las elecciones municipales y autonómicas se ha movido mucho papel pero poca obra. El plan especial que consagraba la prolongación del Paseo al Mar y un urbanismo calificado de depredador fue desactivado; se confió un nuevo planeamiento del gusto de los vecinos a dos sólidas glorias del urbanismo progresista, Gerardo Roger y Luis Casado; se nombró gerente de la sociedad Cabanyal 2010, la instrumental para llevar adelante la rehabilitación, al arquitecto Vicente Gallart, entonces vicepresidente de la poderosa y beligerante Asociación de Vecinos del Cabanyal; se incorporó al equipo redactor del plan urbanístico a Tato Herrero, miembro activo de Salvem el Cabanyal, y se marcó en rojo cualquier intervención relacionada con el barrio para convertirlo en el símbolo de lo que un gobierno de izquierdas es capaz de hacer para recuperar un espacio patrimonial amenazado por los bárbaros de la derecha y los especuladores.
Pues bien, como los lectores saben por Levante-EMV, el borrador del nuevo planeamiento para el barrio marítimo ha dejado helados a los vecinos que lo esperaban como un maná. Unas 1.500 viviendas nuevas, la mitad de las cuales servirán para obtener dinero con el que pagar equipamientos (¿verdad que suena como las torres añadidas para pagar el Parque Central?); y la mayoría de esas viviendas se prevé sobre el único espacio verde de la zona, el parque de Doctor Lluch, porque el resto se diseña sobre los solares en los que el ayuntamiento lleva dos décadas prometiendo un complejo de piscinas olímpicas (también llamadas del Balcón al Mar). Cabanyal-Canyamelar y Salvem, que ya venían criticando la extremada lentitud de las realizaciones de recuperación del barrio, se han lanzado en tromba contra la propuesta urbanística mientras el alcalde Ribó no da abasto con la manguera para apagar el fuego que tiene entre los afines a la causa de la Nau.
La decepción es grande y el margen, escaso. Los tres partidos del gobierno de la capital suman 17 concejales, solo uno más que los de la oposición, el PP y Ciudadanos. A poco más de un año de las próximas elecciones municipales, las encuestas señalan un cierto desgaste de los populares, poco para lo que podría desprenderse de su endiablada agenda judicial, y un crecimiento sustancial del partido de Albert Rivera, especialmente en las ciudades de más de 500.000 habitantes, como la capital del Turia.
En estas circunstancias, no es extraño que los colaboradores del líder del partido naranja en la capital, Fernando Giner, le vean con posibilidades de ser el próximo alcalde de València. Con el aval del presidente nacional para repetir al frente de la candidatura y después de controlar las llamas de la fuga del concejal Santiago Benlliure, el también portavoz autonómico de Cuidadanos se ha lanzado en picado a la composición de un equipo y a la elaboración de un programa electoral que plasme el espíritu de la formación naranja. Con propuestas liberales en lo económico y progresistas en lo social, Giner trata de comer terreno al PP, al PSPV, a Compromís y hasta a Podemos. La defensa de los autónomos como generadores de empleo y riqueza; la universalización de la escuela de 0 a 3 años y la creación de una red de centros de atención a las personas mayores en barrios serán sus tres bazas principales. Su problema es que no tiene soldados, ni sargentos, ni siquiera tenientes, aunque en su entorno se da por hecho que un buen número de desencantados del PP se alistará en los próximos meses en el ejército ciudadano, en busca de un sol que caliente algo, porque la campaña en València para los populares va a ser muy dura, ya sea con Eusebio Monzó, con María José Catalá, con Juan Carlos Moragues, con Vicente Garrido o con el propio González Pons, según la lista que ha esbozado en estas páginas la especialista de la casa, Julia Ruiz.
En el futuro gobierno local será decisiva la aportación de los socialistas, cuya líder Sandra Gómez fue confirmada ayer como secretaria general de su partido en la ciudad. Con el ánimo por todo lo alto y con la imperiosa necesidad de superar los cinco concejales que hoy tiene en el Consistorio, la joven abogada asegura que el PSOE vuelve a estar en pie y que volverá a hacer historia en la capital. Un día tuvo 18 de los 33 concejales. Tiene Gómez una tarea titánica por delante.
La insostenible permanencia de Camps en el CJC
Por si no tenía suficiente con dos imputaciones por la gestión de la celebración de la Fórmula 1 en València, al expresidente Francisco Camps le acaba de caer una tercera por los gastos de la visita del papa Benedicto XVI en julio de 2006. Aquellos ocho mil urinarios de cabina para los asistentes a la cita mundial de las familias con el Pontífice persiguen como letrinas putrefactas a quienes participaron en los preparativos dejando que una red corrupta se lucrara con tan inocente y bienintencionado encuentro. No hay sentencias, sino imputaciones e investigaciones, es verdad. Pero la sociedad tiene derecho a pensar que si una institución ferial descuelga un cuadro porque resulta molesto, o se condena a un rapero por una letra inconveniente, o se secuestra un libro porque aparece el nombre de un alcalde intocable, un político con tres imputaciones no debería ocupar ni un minuto más un sillón en un órgano de asesoramiento jurídico de un Gobierno. Y menos seguir cobrando por ello. Por decencia.
