Mañana aprobamos la reforma del mercado laboral y va a ver que será extremadamente agresiva, con mucha flexibilidad en la negociación colectiva y reducimos la indemnización por despido». Son palabras de Luis De Guindos al comisario europeo Olli Rehn en febrero de 2012 y con los micrófonos supuestamente cerrados. «La reforma laboral me va a costar una huelga general», decía Mariano Rajoy sin ser consciente de que también estaba siendo grabado.
¿Qué tiene que ver esto con las pensiones? Es muy sencillo: no puede haber unas pensiones dignas ni para los pensionistas actuales ni para los futuros sin un trabajo digno. Si queremos garantizar las pensiones de los actuales pensionistas y de los actuales trabajadores es imprescindible deshacer las reformas laborales de 2013 sobre todo, pero también de 2011. Asimismo hay que desplazar todas las medidas de fomento del empleo como reducciones de cuotas, tarifas planas y otros gastos de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Se nos dirá que el Estado tiene problemas de déficit. Hemos de recordarles el dinero gastado y no devuelto en el rescate de bancos, el gastado en el rescate de autopistas, en el almacén Castor, en gastos militares, etcétera... Cuestión de prioridades: frente a la visión del gobierno de Rajoy, para nosotros son más importantes los pensionistas, los trabajadores.
Seamos precisos, vayamos a los datos. Conviene recordar algunos datos: la presión fiscal en España en relación al PIB se situó en 2015 en el 34,6 %, según Eurostat. Son casi siete puntos por debajo de la media en la eurozona, que fue del 41,4 %. Al mismo tiempo, España es, después de Chipre, el país de la Unión Europea donde más crecen las desigualdades sociales: el 10 % de los españoles más ricos concentra la riqueza del 56,2 % de más que el 90 % de la población.
El problema de las pensiones y de los trabajadores pobres no es un efecto solo de esto que ha venido en llamar crisis. Es consecuencia, sobre todo, de cómo se ha gestionado la salida de dicha crisis-estafa. La evolución del Fondo de Reserva de las Pensiones es un ejemplo: este fondo de reserva siguió creciendo hasta 2011, año que entró el PP en el Gobierno, a pesar de que la crisis económica había estallado ya en 2008. El número de personas activas alcanzó su mínimo en 2013, pero pese a su posterior crecimiento, el fondo de pensiones ha seguido disminuyendo. En 2016 ocurrió algo similar: crecía la economía, bajaba el paro del 20,9 % al 18,6 % y en cambio también bajaron un 0,9 % las aportaciones de los empresarios a la Seguridad Social por las bonificaciones que se aplican a las cotizaciones sociales. ¿Cómo se explica? ¿No se supone que cuantos más trabajadores haya en la Seguridad Social el sistema funcionará mejor? Hay otras explicaciones, según nos ilustran algunos medios nada sospechosos de revolucionarios. Así, según The Wall Sreet Journal (3 enero 2013): «España usa fondos que respaldan el pago de pensiones para comprar deuda soberana». Le sigue The Financial Times: «España ha saqueado la hucha más grande del país, el fondo de pensiones de la Seguridad Social». Y cierra el círculo el alemán Deutche Wirtchafts Nachwischen (4 enero 2013): «Saqueo de los fondos de pensiones para comprar bonos del gobierno de España».
El expolio del Fondo de Reserva. Se ha producido un expolio del Fondo de Reserva de las pensiones que tiene una asignación finalista. Este fondo sirve para garantizar algo que está en la Constitución: los poderes públicos deben mantener un sistema público de pensiones. Entre su uso espúreo y la utilización de la deducción de cotizaciones para crear empleo (entre muchas comillas, porque se trata de un tipo de empleo precario y de baja calidad) se mete a la Seguridad Social en un círculo vicioso infernal: primero no se pagan cotizaciones y luego no se generan recursos. La consecuencia es evidente: es imprescindible desligar la Seguridad Social de políticas de generación de empleo.
El gobierno de Rajoy ha roto el diálogo social de las pensiones mediante la imposición de unos criterios contrarios al espíritu del Pacto de Toledo. Cada día está más claro su objetivo: preparar el camino de los fondos de pensiones privados degradando cada vez más el sistema público de la Seguridad Social. Eso ya lo hizo Pinochet en Chile con nefastos resultados para sus pensionistas. Sólo hay que preguntárselo.
Gafas violeta, también en las pensiones. Hay algo sangrante que no podemos olvidar. Las pensiones de las mujeres. Por ello hay que ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40 % que existe entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres. Ello exige:
1) Aprobar una ley de igualdad laboral que elimine la brecha salarial y por tanto de cotizaciones que acaban derivando en pensiones más bajas.
2) Incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública, lo cual afecta en la actualidad a la mayoría de las mujeres, debido a la historia social de nuestro país.
Propuestas de futuro por unas pensiones dignas. En política es buena la reivindicación, mirando el interés de las personas, pero todavía mejor es la búsqueda de alternativas y soluciones. Por eso, propongo:
1) Volver al consenso del Pacto de Toledo recuperando el diálogo social y derogando todos los cambios legales introducidos entre 2011 y 2015, que no han servido más que para retroceder en los derechos de los trabajadores y los pensionistas.
2) Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC
3) Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la ley 23/2013 que reduce las pensiones en función de la esperanza de vida.
Sin duda, el esfuerzo en pensiones que demandamos es importante. Es un esfuerzo de redistribución de la riqueza que podemos conseguir con impuestos a los más ricos (como ya ocurre en muchos países de la UE) y sin malgastar el dinero en rescates a bancos, rescates a autopistas y otras lindezas que el gobierno de España considera normales, pero el común de los mortales no.
