«La por mamada/quotidianament,/des de que vam nàixer,/ha deixat la reliquia:/un moviment instintiu cap al silenci». Emili Rodríguez Bernabeu (1972) el silencio valenciano es una asignatura aprendida y asimilada. València, la gran silenciada, fue el eje de la proclama de Martín Domínguez Barberá tras la gran riada de 1957. Le cortaron metafóricamente el cuello en la colina de los mártires junto a Tomás Trenor Azcárraga, II marqués del Turia, a la sazón alcalde depurado de València en 1958. Los políticos fallan porque pierden la conexión con la realidad y creen poder volar, cuando todos los demás saben que es imposible. Los valencianos de 2018 pueden dormir tranquilos desde que saben que Conexus y Manuel Broseta Dupré -abogado del gran poder- van a romper el silencio valenciano en la villa y corte de Madrid, hostigando el frente de la Administración central y las capillas del poder.

Reinos aparte. En la catedral de San Juan, de La Valeta, en la isla de Malta, las capillas del poder y la influencia tienen su advocación correspondiente. Están separadas la de Aragón y la del Reino de Castilla, León y Portugal. Todo tiene su explicación, hasta entre los caballeros de la Orden de Malta, con sede en València, en el fortificado palacio del Temple. Albergue tradicional del Gobierno de España en el País Valenciano. En la noche aciaga del 23F, del que hace poco recordamos un nuevo aniversario, fue tremendo el pulso entre el gobernador civil, Jiménez del Río y el militar, Luis Caruana y Gómez de Barreda, emboscados en traiciones y duelos de pistolas.

Alta misión. Del significado del silencio ha tratado la última intervención del conseller de Hacienda, Vicent Soler, en el Fórum Europa. Partidaria del ejercicio del silencio era la pedagoga María Montessori, cuando en su método para educar niños decía que «un rebelde es suficiente para echar a perder este logro -el de los niños embelesados por la ausencia de ruido-. Pues un niño ruidoso? puede perturbar la tranquilidad de la pequeña comunidad». Entre el público de Soler se contemplaban rostros atentos y serios. Todos en una audiencia donde se apreciaba, a partes iguales, los corifeos y los capitostes ansiosos por vislumbrar la guardia de corps -milicia de élite- capaz de desencallar el barco de la financiación de la Comunitat Valenciana. Sandra Gómez, cabeza del PSPV en València, abría el acto en clave electoral, cuando se trataba de un pronunciamiento institucional de País Valenciano. La Generalitat es una denominación que obliga a elevar el listón de quienes la sirven, con la meta de mirar por los intereses de la generalidad de los ciudadanos. Que todos se sientan representados y copartícipes en la misión a cumplir.

De lejos. Al conseller no se le pude encasillar como personaje de la Transición. Porque esa definición, además de patriarcal, de alguna forma lo traslada a un periodo constituyente de muchas cosas, que no fue ni tan esplendoroso ni, por supuesto, tan pacífico, como lo pintan. Nuestros males de hoy provienen de los errores de entonces. Vicent Soler es un político, dotado de magistralidad académica, que todavía no ha dado de sí el aporte de su potencial. No sabemos si le dejarán. Las pistas de despegue político están plagadas de rigideces y suspicacias a la hora de que las individualidades ejerzan su caudal máximo. Sus intervenciones se caracterizan por la densidad. Piensa el conseller que el vidrioso problema de la financiación -que viene del franquismo- es el único que ha cohesionado a todas las fuerzas políticas y a la mal llamada sociedad civil.

Inmoral. El conseller Soler clama contra la distribución arbitraria de fondos que reparte el Gobierno central por medio de un sistema que considera inmoral, porque acogota a las autonomías que integran el Eje Mediterráneo desde Algeciras hasta los Pirineos. El 25 % del presupuesto de la Generalitat se destina a financiar la deuda injusta, que pesa como una losa sobre el bienestar de los valencianos. ¿No somos iguales todos los españoles? Pues queremos estar al nivel de vascos y navarros y si fuera imposible, equiparados a los madrileños o riojanos. O, al menos, en la media española.

No es admisible que los valencianos soporten sobre sus patrimonios, sucesiones y herencias el quebranto que hicieron los gobiernos del PP -Zaplana, Olivas, Camps, Fabra- mientras sus correligionarios del gobierno de Mariano Rajoy se niegan a reconocer el estropicio que les aupó a ganar las elecciones. Dos noticias esperanzadoras: el desbloqueo de la reforma del Estatut, que arrastra ya 44 aplazamientos, y la posible recomposición constitucional del sistema territorial español, que conllevaría su correspondiente financiación equitativa. Después de tanto silencio, cualquier atisbo de optimismo se agradece.