El pasado martes ya pudimos leer completo el documento Acuerdo del Consell sobre la reforma constitucional aprobado el 9 de febrero. Allí se presentan muchas propuestas para el futuro, pero en términos de presente, de ahora mismo, lo más llamativo es la declaración implícita del Consell de que la organización en comunidades autónomas (CC AA) del Reino de España crea desigualdad, injusticia y falta de democracia. Por ello, ante el agotamiento del modelo, el gobierno de Ximo Puig declara que España y sus CC AA deben reconvertirse a un Estado federal y plurinacional.
¿Muerte a las CC AA. Viva el Estado federal? Aunque se haya repetido hasta la saciedad, la organización en CC AA dista mucho de ser un Estado federal y mucho menos, un Estado multinacional. Despacito y buena letra.
El documento está editado por la Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación (la longitud de la cita es propia de la barroca signaléctica del gobierno del Botánico). El protagonismo de esta conselleria puede deberse a que su titular sea profesor de Derecho Constitucional. Sin embargo, poco de PSOE y mucho Compromís se detecta en el planteamiento de esta nueva Constitución.
La visión del Consell sobre la profundidad de la reforma es mucho más drástica que la expresada, con gran claridad, por los doce catedráticos de Derecho Constitucional en el documento del pasado noviembre Ideas para una reforma de la constitución. Unos son políticos en ejercicio, otros estudiosos académicos. A la hora de participar en un debate como éste resulta más estimulante hacerlo en el seno de plataformas neutrales de gente competente, no contaminada por problemas inmediatos como son los que vive la Generalitat Valenciana (GV).
Uno escribiría con más comodidad si lo conocido el martes viniera firmado por las ejecutivas del PSPV o del propio Compromis, bien en forma conjunta o separada. Sin embargo, nos enfrentamos a un texto que viene directamente desde la mesa de un gobierno de dos partidos, elaborado a poco más de un año de las elecciones. Puedo dar fe, a tenor de quien se invitó a la presentación, que estamos ante un documento de políticos para políticos, de tal forma que las posibilidades de debate están muy restringidas. La sensación recibida el martes fue la de escuchar a un grupo de déspotas ilustrados del siglo XVIII. Incluso Podemos está preocupado por el procedimiento seguido, textualmente: una propuesta valenciana es «de los valencianos, no del Consell» y puede que nazca «coja de participación de la sociedad civil». La respuesta desde el Palau -«La sociedad civil se articula en base a sus responsables políticos y ya se han oído las aportaciones del pueblo valenciano al elaborar su propuesta»- es preocupante. Cuando se habla en este tono, los ciudadanos de a pie tienden a arrugarse.
En el texto hay propuestas de mucho calado cuya discusión y posterior factibilidad se hará en algún momento, y no solo desde la GV. Cuando el president Puig intervenga en la Comisión del Congreso que estudia el modelo territorial, supongo que empezará con la primera frase del texto -«La reforma de la Constitución se ha convertido en una necesidad» y terminará con la última: «La Constitución debe contemplar una disposición transitoria para la compensación del déficit acumulado de financiación en un plazo no superior a cinco años». Pienso que no es bueno que en una Constitución aparezca cifra alguna. Como responsable de una de las CC AA, el Consell se declara incapaz de domeñar su propia y real crisis financiera, pero está pasándose muchos pueblos, ligando el destino de sus problemas de caja a una reforma constitucional.
Hay que reconocer que la situación de Ximo Puig es realmente compleja. En el Gobierno central no saben qué contestar en materia de financiación autonómica, un problema que Mariano Rajoy ha dejado pudrir, hasta tal punto que en pocas semanas la sanidad y educación públicas, en manos de las CC AA, van a entrar en colisión con las responsabilidades estatales del capítulo de las pensiones. Mientras, en clave valenciana la oposición es un erial intelectual: Ciudadanos no sabe ni contesta, como no sea para citar su currículo en contra del nacionalismo catalán; Podemos mira a su revolución pendiente, que no entiende de contabilidades; y el PP sigue en su pantano, que le invalida en cualquier diálogo. No hay que ser muy astuto para suponer que el gran beneficiado es el nacionalismo de Compromís, cuyas propuestas de futuro nadie conocía con exactitud hasta que ha aparecido el opúsculo generado en el entorno de sus consellerias.
Desde esta modesta columna periodística hemos recurrido a la expresión «recentralización o federalización». Al usar el término federalización lo hemos hecho, siguiendo a una minoría de la Comisión de expertos, como una forma de distribución de responsabilidades fiscales y de factibilidad financiera de algunas CC AA como la nuestra. En aquella Comisión, la GV no defendió la federalización y ahora inesperadamente se propone un salto cualitativo hacia un cambio constitucional de mucho peso, con la resolución de la deuda como particular subproducto.
Defender una cierta repensada de las competencias autonómicas que puedan llevar a una cierta recentralización, supone ser sujeto de maldiciones propias del franquismo; la corrección política imperante declara esta posibilidad como absolutamente incompatible con cualquier atisbo progresista y racional. Era pura ingenuidad esperar que el Consell hablara de reestructurar competencias aunque constantemente reconozca que no puede pagarlas.
La sensación es que los nacionalistas valencianos se han reunido consigo mismos y han decidido que para mantenerse como miembros del Reino de España van a exigir una reforma constitucional en la que las actuales CC AA actúen de Estados federados en una España plurinacional. No tienen dudas en poner en el mismo saco a situaciones tan distintas como Eusakadi, Cataluña, La Rioja o Cantabria. ¿Cómo va a actuar el Consell si su reforma no es aceptada? Nada dice el texto, pero en conversaciones privadas y en declaraciones a la prensa nacional, se perciben consideraciones no alejadas de la situación catalana.
Hay una acritud casi suicida cuando los políticos hablan de comunidades autónomas.
