09 de marzo de 2018
09.03.2018

Sobre la calidad en la prestación de servicios sociales

09.03.2018 | 04:22
Sobre la calidad en la prestación de servicios sociales

Como todo territorio desarrollado, democrático y con vocación inclusiva, la Comunitat Valenciana no sólo necesita incrementar significativamente la oferta de servicios sociales y, en especial, de servicios residenciales para personas dependientes. Tanto o más importante que ello es elevar la calidad de los mismos. En primer lugar, porque es la garantía del bienestar de las personas más vulnerables e indefensas de nuestra sociedad, así como la mejor medida del grado de inclusividad del sistema de servicios sociales. En segundo término, porque es una poderosa fuerza de creación de capacidad innovadora y recursos estratégicos en un sector de especial relevancia social, económica, tecnológica y gerencial para toda sociedad que mire al futuro.

En el caso de la Comunitat Valenciana esto tiene particular trascendencia. El impacto de las políticas de austeridad, así como la importancia otorgada al precio en la contratación de un servicio por parte de la Administración, han propiciado una pérdida en la calidad de los servicios sociales. En este déficit cualitativo, tan importante es la degradación de las expectativas de los operadores, sumidos en un ambiente de incertidumbre a causa de la política pública, como el desplazamiento de la oferta valenciana por oferta externa (nacional e internacional). Ello produce una merma en recursos humanos cualificados, en compromiso social y en demanda local de servicios de alto nivel que el efecto sede trae consigo.

Una estrategia de desarrollo de una oferta de servicios sociales informada por los criterios de calidad, innovación y eficiencia, requiere de un sistema regulado por la competencia social y supervisada y estimulada públicamente. Ello conlleva la presencia de múltiples actores (privados, públicos y público-privados) en el proceso de producción y provisión del servicio, además de mecanismos de regulación y supervisión que orienten y condicionen su comportamiento con criterios de interés general.

Desde esta perspectiva, es importante la eliminación de prácticas y procesos monopolísticos (públicos o privados), así como la presencia activa de los responsables públicos y las organizaciones de la sociedad civil afectadas en el seguimiento y evaluación del comportamiento de los actores que concurren en la provisión del servicio. Cuando esto ocurre, la calidad, la eficiencia y la innovación tienden a confluir y auto-reforzarse y los principales beneficiarios son el bienestar colectivo, la justicia social y la equidad.

Una propuesta de esta naturaleza introduce transparencia en el sistema de provisión del servicio, hace de la reputación un factor poderoso de discriminación de los ofertantes del servicio (públicos y privados), permite evaluar el compromiso de la administración responsable con la calidad y limpia el sistema de actores y comportamientos indeseables. En suma, competencia, transparencia, reputación, eficiencia y calidad se convierten en los verdaderos rectores del proceso de creación de la oferta, algo muy alejado de la realidad actual. Y el beneficiario de ello es el ciudadano, cuyo bienestar es el objetivo legítimo y guía de un sistema de servicios socialmente responsable.

Una rápida respuesta cuantitativa a la necesidad de oferta residencial a las personas dependientes, así como la exigencia social y económica de generar una oferta de calidad, requieren del desarrollo de todas las capacidades posibles, públicas y privadas. Los posicionamientos doctrinarios tienden a perder de vista los beneficios en eficiencia, calidad de vida e innovación que un sistema productivo plural y competitivo tiende a generar. El beneficio empresarial en una economía saludable representa el motor de fuerzas creativas que, en su ausencia, no se activarían. Las sociedades más solidarias del planeta son las que han sabido aunar ambas lógicas: la del mercado y la del Estado.

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