En la década de los 70 del siglo pasado se hizo célebre una canción infantil interpretada por la que más tarde sería concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Rosa León. Describía a un doctor llegando con una vacuna que curaba las brujerías€ Remedio similar para el 2018 ha llegado a la conselleria responsable de las políticas de menores en forma de borrador de ley. Casi tres años ha tardado Compromís en perfilarlo. El propósito, dicen, es ubicar a los menores en el centro de las políticas, haciendo de los niños y adolescentes valencianos auténticos protagonistas, ciudadanos activos y sujetos de derecho, asegurando que serán escuchados sin límite de edad.

El nuevo espíritu llega tarde para aquellos menores que, por orden de la conselleria, fueron sacados del centro de Segorbe gestionado por las Terciarias Capuchinas. No consta que se les preguntara a los niños por las supuestas duchas frías, la comida en mal estado y la mendicidad que se veían obligados a ejercer, todo lo cual ocasionó el cierre abrupto del centro. Sí sabemos que tras meses de investigación, la Fiscalía no pudo detectar tales deficiencias.

Los pilares de transversalidad y de participación tampoco parece que estuvieron presentes en la detección de los graves fallos que existían en el centro de Monteolivete. No se preguntó a los menores sobre los alarmantes y constantes altercados. Tampoco a los profesionales ni a los cuerpos de seguridad. Lo mismo cabría decir del centro de Buñol. Si los responsables políticos hubieran dado voz a sus protagonistas -menores, profesionales y vecinos- hubieran conocido el hacinamiento, que se dormía en el suelo, los episodios de violencia€ En relación a los futuros centros de Llíria y Paterna, los responsables confían en vencer reticencias vecinales con dosis de moralina.

Para la actual responsable de menores de la Generalitat, Rosa Molero, y empleando sus palabras, todo es consecuencia del desaguisado heredado. La culpa la tiene el PP. Explicación posible pero difícil de sustentar para alguien con dilatada experiencia profesional en el sector de la infancia que incluye a éste y anteriores gobiernos puestos ahora en entredicho. El campo de minas al que alude -en referencia a la herencia política recibida- debería haber sido denunciado hace tiempo, pero lo cierto es que tras treinta y tres meses de gobierno, y a pesar de los continuos y graves incidentes hechos públicos, solo se ha procedido al cierre fulminante del centro de Segorbe.

Habrá que esperar a que el espíritu de la futura ley, que ha de llegar, vaya ungiendo a los responsables de las políticas de infancia.