«Veig on anem; l´onada que empenteja,/el ramatge eixugant-se, el fruit vessat,/l´amor perdut, a tomballons les mares/sens un racó de pau per a plorar». Matilde Llòria (1965)
las patadas a Catalunya nos las dan en el trasero a los valencianos. Federico Félix yerra desgañitándose por el Corredor Mediterráneo o el túnel para el ferrocarril en València. A Europa se va por Catalunya: hoy, campo minado. Sobre la ilusión que proyectó el president Ximo Puig ha caído un jarro de agua fría. Ni arreglo para la financiación -lo corroboró el excomisario europeo y exministro por cuenta del PSOE, Pedro Solbes, invitado a Forinvest por el conseller Vicent Soler. Tampoco habrá reforma constitucional para recomponer el laberinto territorial de la España del 78, en descomposición.
Madrid, paraíso fiscal. El agravio comparativo de las rebajas fiscales en Madrid, a costa del resto de autonomías, desmonta el mantra de que todos los españoles somos iguales. Falso. Tres opciones endiabladas para un trilema: autonomismo, federalismo o recentralización. De nada ha servido la task force valenciana de Conexus, desplegada en Madrid al amparo de la Generalitat del Botànic, comandada por el letrado Manuel Broseta y el exnotario Carlos Pascual, en nombre del progreso. Ninguno se aproxima a la figura que fue Joaquín Maldonado Almenar. En vez de recoger, los ponía.
Ahora o nunca. Los que mandan en el Estado decidieron recentralizar contra los demás. De ahí salió la Marca España y la Cámara de Comercio de España que preside el catalán José Luis Bonet (Freixenet). Fue a partir de la debacle de la reforma del Estatut catalán de autonomía (2005-2010). Acabó recurrido al Tribunal Constitucional por siete entidades distintas. Desde el Partido Popular hasta la Generalitat Valenciana de Francisco Camps. Se declaró inconstitucional. Siete revolcones para la norma aprobada por el Parlamento español y mediante referéndum en Catalunya. Se orquestó una operación de partidos, altos tribunales, consejos jurídicos y autonomías alineadas que acabó en cacería. Ahí se rompió el consenso de la Transición y se fraguó el desastre.
Sin dinero. Se expandió la crisis económica de 2008 que descolocó al PSOE de Rodríguez Zapatero. Partido de gobierno que en el verano 2011 reformó la Constitución, con alevosía, respaldado por el PP. El Estado español estaba en bancarrota. A merced de los vericuetos financieros mundiales y de la tecnocracia europea de Bruselas. España carecía de recursos para atender la deuda y financiarse en los mercados internacionales. Inmersa en la hecatombe económica y social, que los operadores financieros -que la habían propiciado- transformaron en oportunidad. La cúpula bancaria eliminó las cajas de ahorros y se apoderó del 50 % del sistema financiero que no controlaba. Operación redonda. Cuando se gana, los beneficios quedan en manos privadas y si se pierde, el déficit se endosa al erario público. Unos 67.000 millones de euros de todos los españoles. Se deteriora la calidad de vida, cuyas competencias en sanidad, enseñanza y atención social están transferidas a las autonomías. Si no son capaces de atender las necesidades de los ciudadanos, que devuelvan las transferencias a la Administración central. Fin del Estado de las Autonomías.
Catalanidad. Según las últimas encuestas, España podría acabar gobernada por un catalán, Albert Rivera, y por un partido catalán, Ciudadanos, en la hora más anticatalana de la historia. Así se haría realidad la quimera de Jordi Pujol, de la extinta CiU y de la burguesía de l´oasi català, cuando se afanaban por conquistar los reductos del poder español en Madrid. Más de tres mil cargos de alto nivel, numerosos ministros catalanes en los gobiernos de UCD y PSOE, más cachorros del mundo empresarial de Catalunya, trasplantados en la capital de España para situarse en la sala de máquinas de influencia en el Estado. Todo se lo llevó por delante la embestida al Estatut, que pilotó José María Aznar.
Escollos. Varios errores. El lio catalán, sin solución a la vista y con la consiguiente desestabilización española. Eclosión del movimiento feminista visualizado en las manifestaciones del 8 de marzo que noqueó al gobierno de Mariano Rajoy. Reivindicación masiva de los jubilados -nueve millones de votantes- que reclaman revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC. ¿Qué menos? Se suma a las exigencias de la endeble recuperación económica. Basada en el boom turístico y en la caída del paro con salarios de miseria, contratos temporales y la falta de inversión en sectores estratégicos. Sin sueldos ni jubilaciones decentes no se puede comprar en los supermercados ni relanzar el consumo. Las grandes empresas y los bancos se anudan la soga al cuello. ¿Quién comprará automóviles, casas o suscribirá hipotecas? España sigue en el pozo donde la situó la crisis. Sin dinero. Este es el drama. Lo que se desvíe a las autonomías y a las jubilaciones tendrá que salir de donde hay. De Madrid, para redistribuir mejor.
